Unas 5.000 personas se han manifestado en la tarde de este jueves en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), desde las 19.00 horas, para reclamar que la central térmica existente en esta localidad continúe generado energía eléctrica y siga sosteniendo más de setecientos puestos de trabajo, entre directos y indirectos.

En esta convocatoria se han dado cita más de una quince de alcaldes de las comarcas de Ferrolterra, A Mariña y Terra Chá lucenses, además de representantes políticos de diversas formaciones a nivel autonómico y provincial, así como representantes sociales, empresariales y trabajadores de la propia Endesa y de compañías auxiliares, además de transportistas, en donde la utilización de chalecos amarillos se ha vuelto a hacer patente.

La protesta se ha iniciado en la plaza situada en las inmediaciones de la Capilla del Carmen y tras recorrer varias calles, ha finalizado en este mismo lugar, con lectura de una manifiesto por parte del alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, previamente consensuado entre todas las partes.

MERCADO ESPECULATIVO

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Así, ha recordado que una directiva de la Unión Europea (UE) del año 2010 establecía las normas que deben de cumplir todas las industrias para “garantizar la protección del medio ambiente”, incidiendo en que la unidad productiva pontesa “se está adaptado, con una inversión de 220 millones de euros, a las nuevas normas, para dar así continuidad a un complejo que lleva más de 40 años siendo uno de los motores económicos más importantes de Galicia, manteniendo cientos de puestos de trabajo directos e indirectos y actuando cómo uno de los pilares fundamentales del progreso socioeconómico del entorno”.

En este manifiesto se ha criticado que “el precio de los derechos de emisión de CO2 en Europa son regulados en un mercado que permite y facilita la especulación, lo que supuso que durante el último año, el valor de la tonelada de CO2 se triplicara, anulando así la competitividad de las centrales térmicas nacionales” y que ha motivado que “las expectativas generadas por la inversión que se está realizando, que permitirían operar hasta el año 2045, ha creado una situación de incertidumbre sobre la viabilidad y el futuro de estas instalaciones a corto y medio plazo”.

Formoso ha alertado que “un mercado puramente especulativo, en el que se penaliza a la central térmica de As Pontes, el trabajo de cientos de familias de este territorio se ve abocado a desaparecer”.

INGRESOS Y EMPLEO

González Formoso también ha destacado que “el Ayuntamiento de As Pontes recibe en concepto de impuestos por esta central térmica más de tres millones y medio de euros al año, que suponen casi el 30 % del presupuesto municipal, por lo que su perdida obligaría a cerrar o disminuir servicios para los ciudadanos”.

En cuanto a la perdida de empleo, ha detallado que “esta sería enorme en las compañías auxiliares, porque afectaría directamente a más de 250 personas, a lo que hay que sumar 150 camioneros”, además de los puestos de trabajo directos, y que también “abocaría al cierre de mucho comercio y empresas en las comarcas que se vería afectado directa e indirectamente”.

El alcalde de As Pontes ha recordado que “esta comarca ya sufrió las consecuencias del cierre de la mina de lignito que llegó a mantener más de dos mil quinientos empleos entre Endesa y las compañías auxiliares.”

COMPROMISOS

Por último, el también presidente de la Diputación de A Coruña, ha reclamado que “Endesa se comprometa y que desde las Administraciones Públicas se articulen los mecanismos necesarios que garanticen la continuidad de la explotación de la central térmica en un periodo temporal que permita una transición energética justa, que logre buscar las alternativas e instrumentos viables y necesarios para el desarrollo económico e industrial de nuestra comarca”, al mismo tiempo que ha reclamado que “las acciones que estamos llevando a cabo son cosa de todos, y debemos implicarnos hasta el final, ya que nuestras voces tienen que ser escuchadas en la Xunta, en Madrid y en Europa y ser conocedores de que no dejaremos de requerir la articulación de medidas para que la transición sea paulatina y justa”, finalizando su intervención asegurando que “no pueden condenarnos a una muerte económica y social y seguiremos trabajando y luchando”.