El Ayuntamiento de Fene aprobó este jueves por unanimidad de todos los grupos municipales una declaración institucional rechazando el proyecto del parque eólico Caaveiro, que le afectaría tanto a la zona próxima a Marraxón como a otros puntos de los municipios de Neda, Cabanas y San Sadurniño, además de prever líneas de evacuación por A Capela y As Pontes.

A pesar de reconocer la necesidad de promover las energías renovables, el pleno se alineó de este modo con la demanda vecinal de que se frene el proyecto, instando al Estado a que informe desfavorablemente su implantación por los "impactos negativos que se derivarían para el conjunto del territorio y el vecindario".

La declaración también solicita que el Consello da Cultura Galega, "como máximo asesor de la Xunta en materia de Cultura", emita un informe al respeto de las repercusiones sobre el patrimonio tanto de este parque como de los otros cinco que tiene proyectados ENEL en un radio de 50 kilómetros alrededor de la térmica de As Pontes.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Fene también insta a la Dirección General de Defensa do Monte, dependiente de la Consellaría del Medio Rural, para que informe sobre la prevalencia del uso forestal del suelo sobre el uso eólico en el ámbito de la poligonal definida en el proyecto.

Se argumenta que la Ley 7/2012, de 28 de junio, la ley de montes, tiene una consideración estratégica del monte como fuente de riqueza generadora de empleo estable y descarbonizadora de la economía. Además se apunta que las masas forestales de la zona, que se verían reducidas por la instalación de los molinos y otras infraestructuras, permiten cumplir con el Protocolo de Kioto, al tiempo que "realizan una contribución importante al PIB gallego".

El acuerdo institucional finaliza pidiendo de la Xunta de Galicia que el trámite de información pública de los seis parques proyectados por ENEL Green Power se haga de forma conjunta, de modo que la evaluación de su impacto sea "global, sumativa y acumulada".

Por último, el texto le pide al Gobierno de España que dé cuenta "con transparencia" sobre las ayudas recibidas por la empresa promotora tanto por parte del Estado como del Banco Europeo de Inversiones.