El sindicato CIG reclama la "sanción máxima", de 250.000 euros, en el juicio contra el Ayuntamiento de Mugardos por un posible vulneración del derecho a la huelga de dos trabajadoras en la movilización convocada el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora.

Así lo indica la CIG en un comunicado, al considerar que el gobierno local, de Esquerda Unida, "obligó a acudir a su puesto saltándose el acuerdo de servicios mínimos" a las dos empleadas, y ha atribuido esa decisión a la alcaldesa, Pilar Díaz.

La organización sindical indica haber presentado una denuncia por "violación del derecho fundamental a la huelga" cuya vista oral señala que ha sido programada para el próximo 14 de mayo.

Subraya que este asunto se inscribe en una tensa situación entre la Alcaldía y el comité de empresa a causa del convenio colectivo, que tras unas largas y fracasadas negociaciones terminó en el Consello Galego de Relacions Laborais (CGRL).

Ese órgano de mediación, según CIG, emitió un laudo arbitral "dando la razón a la parte social y avalando los acuerdos sobre diversos puntos".