El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que pagar la urbanización de O Parrote por sentencia judicial

Un juzgado condena al consistorio herculino a abonar los 1,6 millones de euros que se negó a pagar el gobierno de la Marea

Explanada de O Parrote

Explanada de O Parrote

Noela Bao

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:27

El Ayuntamiento de A Coruña tendrá que asumir el coste de urbanización de O Parrote. Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 obliga al consistorio herculino a abonar 1,6 millones de euros correspondientes a la urbanización de esta zona portuaria. La Autoridad Portuaria había acudido a los tribunales tras la resolución del gobierno de la Marea Atlántica de junio de 2017 en la que denegaba el pago reclamado, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, explica que la entidad portuaria y el Ayuntamiento acordaron en 2012 modificar y ampliar el modelo de urbanización de la superficie de O Parrote pactado anteriormente en el convenio de ejecución de las obras del vial subterráneo y del aparcamiento de la zona. El cambio se justificó porque los trabajos en superficie que debía de afrontar Copasa, la concesionaria de las obras del túnel y del parking, consistían únicamente en la reposición de los pavimentos existentes antes de iniciar los trabajos, y no en la urbanización que se ejecutó finalmente. La jueza recalca que la Administración local, al modificar el acuerdo original, se comprometió “a abonar los gastos de los trabajos, dentro del importe que se había pactado, siempre que existiese conformidad de la Comisión de Seguimiento de las Obras”.

La magistrada destaca en la sentencia que el Ayuntamiento aprobó en una adenda la “redefinición de la superficie y la variación de las obras a ejecutar para que formaran una unidad de superficie con la Marina, Puerta Real y el acceso a los muelles de trasatlánticos, asumiendo el gasto que ello conllevaba”. De no pagar lo acordado, el fallo entiende que “ habría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento", ya que "exige una variación en lo pactado en un primer momento, pero no quiere asumir el incremento del gasto que ello supone y a cuyo gasto se había comprometido”.

La ejecución y medición de la obra fue además comprobada por la Comisión de Seguimiento del Convenio en una inspección realizada por una asistencia técnica externa. Por ello, pone en duda la afirmación del anterior ejecutivo local de que “desconoce si los gastos reclamados pertenecen únicamente al reformado de la urbanización de la superficie o puede contener gastos del vial o del aparcamiento”. La titular del juzgado resalta que “en el expediente constan los presupuestos de los tres elementos con el proyecto aprobado, el final y la diferencia, y dichos presupuestos no han sido desvirtuados por el Ayuntamiento”. Concluye pues que “no cabe mantener que no existe justificación de las obras ejecutadas por la concesionaria”.

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