• Viernes, 29 de marzo 2024
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El abogado Rafael Alonso apunta las claves de un ERE como el del Deportivo

"Con la pandemia, la mayoría de clubes están en una situación sencilla de justificar ante un juez un ERE", comenta el experto en derecho deportivo, del Bufete Alonso Martínez

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 20:36

El abogado Rafael Alonso, del Bufete Alonso Martínez, ha atendido la llamada de Deportes Cope Coruña para analizar la situación actual del Deportivo de La Coruña, con la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo. “Por desgracia la mayoría de los clubes, con la situación que se da desde la pandemia del COVID, están en una situación sencilla de justificar ante el juez de lo social la necesidad de aplicar un ERE mediante la opción de justiciar causas económicas porque por desgracia casi todos, en mayor o menor medida, han sufrido una pérdida de ingresos por las restricciones de público. También incluso la situación económica que atraviesan las empresas patrocinadoras ha hecho descender ese tipo de ingresos, y máxime cuando la gente no va a los estadios y no hay ese retorno publicitario. Y si eso ya ocurre con la mayoría de los clubes, en el caso del Deportivo que tiene una gran mochila de gastos asociada a la elevada nómina de algunos de sus jugadores, hace que en su caso particular todavía parezca más clara a priori la concurrencia de esas causas económicas que es lo que la ley exigen para poder acudir a esta figura”, explica el letrado.

Entiende también Rafael Alonso que el ERE afectará especialmente a las fichas más altas del club herculino. “Es de pensar que sí, porque la necesidad obviamente parece ser la de ajustar el sueldo de la plantilla que ha de competir esta temporada al nivel de ingresos de la categoría y por tanto solventar esa discordancia entre la elevada ficha de algunos jugadores y el nivel normal de ingresos y gastos en la que por desgracia ha de seguir una temporada más el club”.

Con respecto a los pasos a seguir ahora, el abogado del Bufete Alonso Martínez diferencia “tres fases”. “La primera es un periodo de consultas que tiene una duración máxima de 30 días, si no recuerdo mal, en la que la empresa y trabajadores negocian los términos, y después se comunica a la autoridad laboral si ha habido o no acuerdo. A partir de ahí, la tercera fase es si alguien está disconforme con las medidas que se han adoptado, tiene la facultad de impugnarlas ante la jurisdicción social, es decir ante los juzgados especializados en el tema laboral”, finaliza Rafael Alonso.


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