Las cacerolas sonaron este miércoles en Zahínos (Badajoz). Fue la respuesta de los vecinos de la comarca Suroeste de la provincia de Badajoz en contra del último auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ha admitido el recurso de la empresa promotora de la mina de uranio para poder continuar con las catas y la investigación en la zona donde pretende instalar esta mina que cuenta con el rechazo de todos los municipios de la comarca: Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Villanueva del Fresno y Zahínos.

La plataforma ha recordado en nota de prensa que habían solicitado permiso para celebrar una concentración porque el pueblo tiene "que ser escuchado", aunque han recibido una resolución de la Delegación de Gobierno donde se prohíbe la misma.

Se pretendía en este acto trasladar "lo indefensos" que se sienten ante la justicia, a lo que ha añadido que, la "indefensión ahora va más allá y se vuelve indignante" pues, se quiere abrir una mina de uranio en la zona y sus vecinos "no solo no pueden defenderse, sino que además no pueden protestar".

"Es un sin sentido que las mismas autoridades no les dejen protestar por razones de seguridad sanitaria cuando no les defienden de la inseguridad sanitaria que supone permitir en la puerta de sus propias casas la investigación y posterior explotación de una mina de uranio", ha aseverado la plataforma Dehesa sin Uranio.

De este modo la plataforma quiere mostrar su desacuerdo con esta investigación y posible explotación ya que una mina de uranio entrañaría "problemas de sanidad para la población y el medio ambiente. "Por la radiactividad que se desprende, la contaminación de acuíferos y por violar la Red Natura 2000, la zona Zepa y Lic, entre otras consecuencias. La dehesa quedaría destrozada y roto su equilibrio conservado por cientos de años", ha expuesto.

Asimismo, la plataforma ha remarcado que quiere que se anule la sentencia en pro de acumular toda la causa, que la Junta de Extremadura recurra al Tribunal Supremo y que los jueces sepan que deciden "no ya sobre un territorio, sino sobre la vida de 22.000 personas" que viven en esta comarca.