La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha firmado un informe contra la gestión municipal en la Fundación València Activa del Pacto para el Empleo.

Entre las irregularidades que detecta Intervención, aparecen, por ejemplo, el pago de alquileres que excede del precio de mercado, contrataciones de altos directivos que no están previstos en los Estatutos de la Fundación, contrataciones sin aplicar principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, firma de convenio por personas que no tienen competencia. También destaca el uso de tarjetas de crédito para pagos y pagos del gerente por 2.000 euros o el fraccionamiento de contratos menores. También desvela subidas de sueldos a trabajadores del 26,6%, que en 2019 se produjo el alta de 23 trabajadores -uno fijo y 22 temporales-. La mayoría no se correspondía con plazas previstas en la relación de puestos de trabajo, y la Fundación tiene locales sin seguro.

El PP ya ha pedido el expediente de la Auditoría realizada por la Intervención General de la Fundación de Empleo y ha exigido la comparecencia tanto del alcalde Ribó y las dos concejalas que han sido responsables de la Fundación para explicar las “graves irregularidades, pues son muchas y más que servir esta fundación para generar empleo en la ciudad, se ha convertido en un agencia de colocación del PSOE”.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ya ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude la Auditoría para que determine el alcance de estas irregularidades y si fueran constitutivas de algún tipo de lícito penal. También una vez tenga la Auditoría los servicios jurídicos del Grupo Popular para conocer el alcance poder emprender otras acciones legales como ponerlo en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.