Un juzgado de Alicante ha condenado a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19 al considerar que "incumplió la normativa sobre la prevención de riesgos laborales". Así mismo, ha abierto la vía a los sanitarios afectados para que acudan a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

En concreto, el Juzgado de lo Social número 5 ha declarado que la conselleria, tras la declaración de emergencia de la Subsecretaría de febrero de 2020 y con el estado de alarma, en el ámbito de su gestión, ha incumplido la normativa y ha generado un "grave riesgo" para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios "provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad".

Por este motivo, ha condenado a la Administración a suministrar y/o proveer en cantidad y calidad suficiente de todos los Equipos de Protección Individual necesarios --batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos-- a los profesionales.

El juzgado se ha pronunciado así tras la demanda interpuesta por la Conferencia estatal de Sindicatos Médicos de la CV (CESM-CV) contra la conselleria, que ha estimado parcialmente en el sentido de obligar a Sanidad a suministrar material.

Este martes, precisamente el sindicato médico organizó una huelga como rechazo de los facultativos ante las autoridades por su gestión. "Esta sentencia deja sin lugar a dudas la necesidad de investigar la responsabilidad penal de la consellera y todos los directivos de la Conselleria de Sanidad", ha apuntado el responsable jurídico del sindicato, Guillermo Llago.

Así, ha mostrado su deseo de que "de forma urgente" se proceda a la admisión de la querella interpuesta en abril ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por este asunto.

Sobre las indemnizaciones, que el juez estima que se deben fijar en la jurisdicción contencioso-administriva, el sindicato ha anunciado que lo va a recurrir para que sea el tribunal valencianoel que determine las cuantías a las que tienen derecho los demandantes.