El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos, la conocida como operación Alquería.

Precisamente sobre Divalterra hablaba el presidente del Consell Ximo Puig, ha dicho que debía ser "la propia Diputación" de Valencia la que decidiera el futuro de Divalterra, pues cree en la autonomías de las instituciones y debe ser en la Diputación donde se determinen "las mejores soluciones".

Por su parte, trabajadores de Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se han mostrado "sorprendidos" ante la decisión de la corporación provincial de llevar a cabo "un cierre ordenado" de la mercantil. Sostienen que "matar al perro no acaba con la rabia. Acabar con Divalterra no acaba con la presunta corrupción".