"La accesibilidad no es un lujo, es un derecho": la exigencia de CERMI al Consell sobre la vivienda
La entidad social reclama al Consell un nuevo sistema que garantice el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables sin que suponga un sobreesfuerzo

Escucha cómo te lo hemos contado en 'Mediodía COPE MÁS Valencia'
Valencia - Publicado el
3 min lectura10:20 min escucha
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha alertado de un "riesgo muy serio": que la nueva vivienda pública impulsada por el Consell sea inaccesible e impagable para miles de familias vulnerables. La voz de alarma la ha dado el presidente de la entidad, Luis Vañó, en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia', conducido por Carles Villeta, ante el nuevo sistema que prepara la Generalitat para calcular el precio de la vivienda protegida a partir de 2026.
Un módulo dinámico 'injusto'
Según ha explicado Vañó, el futuro 'módulo dinámico' es el mecanismo que la Generalitat Valenciana utilizará para calcular el precio máximo de venta y alquiler de las viviendas de protección pública, sustituyendo al anterior sistema de precios fijos. Ante la consulta pública de esta nueva orden, el CERMI CV ha presentado un documento técnico con 49 aportaciones estructuradas en seis bloques para "garantizar que la actualización de precios no se convierta en una barrera de acceso para las personas con discapacidad".
La entidad reclama que este módulo no se limite a subir precios, sino que garantice la viabilidad de viviendas realmente accesibles. Sus peticiones se resumen en tres claves:
- Que el precio oficial cubra el coste real de la accesibilidad.
- Que la hipoteca o el alquiler nunca superen el 35% de la renta disponible real de una familia.
- Que el precio no se infle con datos del mercado de lujo o turístico.
Propuestas para un sistema más justo
TE PUEDE INTERESAR
Para lograrlo, el CERMI propone crear el 'Indicador de Esfuerzo Total de Vivienda Accesible' (IETVA). Luis Vañó lo ha ilustrado con un ejemplo claro: dos familias que ingresan 2.000 euros al mes no tienen la misma capacidad de pago si una de ellas gasta 800 euros en terapias para un hijo con gran dependencia. Por ello, el indicador mediría el esfuerzo sobre la renta real que queda "después de cubrir los gastos ineludibles de la discapacidad", fijando un tope a ese esfuerzo en el 35% de sus ingresos.
Hacer una vivienda accesible, por ejemplo, con domótica, cuesta entre un 15% y un 20% más, un sobrecoste que, según Vañó, debe reconocerse. "La accesibilidad no es un lujo, es un derecho", ha sentenciado, "y tiene que estar pagada para que se construya". A esto se suma la exigencia de depurar los precios en zonas turísticas, donde el mercado está "por las nubes", y crear un nuevo Indicador de Accesibilidad Funcional del Entorno (IAFE) que mida si la zona cuenta con servicios esenciales.
La accesibilidad no es un lujo, es un derecho"
Presidente de CERMI
Protección para las más vulnerables y gobernanza
La entidad también ha puesto el foco en la situación de las mujeres con discapacidad y las cuidadoras, ya que "la precariedad y la exclusión tiene rostro de mujer". Vañó ha recordado que este colectivo sufre tasas de empleo más bajas y salarios menores, por lo que un aumento de precios sin coeficientes correctores las condenaría a "un muro económico insalvable". "Protegerlas a ellas es proteger también el pilar de los cuidados de nuestra sociedad", ha afirmado.
El CERMI no solo diagnostica, sino que propone soluciones innovadoras. Plantea un 'Sandbox' regulatorio o laboratorio de ideas para probar nuevos modelos como el 'cohousing inclusivo' con precios flexibles a cambio de datos. Además, sugiere una "cláusula dana" que permita activar mecanismos de estabilización del módulo ante emergencias que disparen los costes de construcción.
Finalmente, la entidad se ofrece como "aliado estratégico" del Consell a través de un sistema de gobernanza robusto. Este incluiría alertas tempranas para detectar zonas sin vivienda accesible y la creación de una Mesa Técnica de Gobernanza con participación del CERMI para auditar el sistema con transparencia. A pesar de la contundencia de sus demandas, Vañó confía "en la sensibilidad y la inteligencia técnica de la Conselleria" para acoger sus propuestas, que define como "una hoja de ruta para conseguir" una vivienda más justa.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.




