Para la cita electoral se han distribuido, en los colegios electorales que lo han solicitado, 88 kits/maletines de material accesible para electores ciegos o con discapacidad visual grave. En concreto, han sido 57 en Valencia, 25 en Alicante y 6 en Castellón.

Se trata de un tipo de voto accesible que, de momento, se utiliza en las elecciones generales, europeas y autonómicas. Sin embargo, en los comicios municipales aún no está disponible, según explican desde la ONCE, porque se complican los tiempos y por la multiplicación de listas electorales.

Según datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Europa Press, para estas elecciones generales se han solicitado un total de 884 'kits' en toda España, frente a los 895 votos en Braille que se pidieron en las del 28 de abril.

La provincia que mayor número de solicitudes ha tramitado es Madrid con 171 peticiones en estos comicios, seguida de Barcelona con 136; A Coruña (59) y Valencia (57). En cambio, en la ciudad autónoma de Ceuta y en la provincia de Palencia no se ha registrado ninguna solicitud.
El 'kit' hay que pedirlo con antelación y consiste en una caja que contiene las papeletas de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones, junto a la documentación complementaria en Braille.

Intérpretes lengua de signos 

Un total de 19 personas sordas, 5 más que en las pasadas elecciones del mes de abril, han ejercido su derecho a solicitar intérpretes de lengua de signos durante la jornada electoral de este domingo, tras ser convocadas para participar en las mesas electorales.

De ellas, siete son de Galicia y cuatro de Andalucía, mientras que en Aragón, País Vasco, Principado de Asturias, Comunitat Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Región de Murcia se ha solicitado un intérprete en cada una.

Para la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) este hecho pone en valor las normas que apuestan por la igualdad de oportunidades y la participación como es, en este caso, el reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. Además, dan, a su juicio, una muestra "de cuáles son las necesidades reales de las personas sordas".