Las okupaciones de viviendas en la Comunitat Valenciana han crecido un 23,66% en los siete primeros meses del año hasta llegar a las 1.270 acciones.

En la provincia de Valencia se han registrado 657 okupaciones (un 24,43% más), 431 en la de Alicante (un 14,92% más) y 182 en la provincia de Castellón (un 46,77%).

Y estos datos mientras en el conjunto de España, las okupaciones han caído un 5,4% en los siete primeros meses del año respecto al mismo período del año anterior, lo que supone el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años.

Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso EFE, que no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).

Los datos del Servicio Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad muestran que entre enero y julio se registraron 10.220 delitos de este tipo, por 10.807 de los mismos meses del año anterior. En el conjunto de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792 y en 2021, 17.274.

Los descensos se dan en todas las comunidades autónomas salvo la Comunidad Valenciana, donde crece un 23%, y los leves crecimientos de Extremadura, un 5%, y Murcia, un 3%.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mencionado este lunes estos datos al ser preguntado por la nueva grieta abierta con su socio de Gobierno Unidas Podemos por la enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas.

En este sentido, Marlaska ha pedido "no confundir" allanamiento y usurpación que "es penalmente relevante" con los "desahucios" consecuencia de un impago de renta o de hipoteca.

"Esa enmienda no contradice el principio esencial de protección de los colectivos vulnerables para los que está trabajando este Gobierno".