El juzgado de primera instancia número 7 de Castellón ya ha celebrado una vista por el traslado de una docena de menores internados en el centro de acogida de Segorbe que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ordenó cerrar en mayo de 2017 debido a presuntas irregularidades y malos tratos.

La demanda contra el departamento que dirige la también vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha sido interpuesta por la congregación religiosa de las Hermanas Terciarias Capuchinas, que gestionaba el centro de acogida La Resurrección de Segorbe hasta la decisión de la conselleria.

La conselleria se justifica asegurando que actuó a partir del informe realizado por los técnicos.

El centro concertado de Segorbe fue clausurado en mayo de 2017 por presuntas irregularidades en la gestión, malos tratos y acoso sexual a una menor, lo que provocó que Mónica Oltra ordenara el traslado urgente de los adolescentes y el cierre del inmueble. Ni el apoyo de los vecinos (cerca de un millar de personas se manifestaron para apoyar la labor de las religiosas) ni la recogida de 7.000 firmas sirvieron para frenar el procedimiento abierto por la Generalitat.

El fin de la actividad en La Resurrección también supuso que las religiosas, que llevaban la gestión desde hace tres décadas, iniciasen un Expediente de Regulación de Empleo de los 17 trabajadores.