El juez de la investigación al entramado empresarial de Francis Puig y sus socios acaba de ordenar al Ayuntamiento de Morella que envíe al procedimiento que se sigue en Instrucción 4 de Valencia todos los contratos que durante seis años recibieron las empresas de esta supuesta trama de captación ilegal de subvenciones.
Según adelanta el diario LAS PROVINCIAS, el Consistorio deberá ahora remitir todas las ayudas a favor de las mercantiles entre 2015 y 2019 (primera etapa del Botánico). Estas aportaciones incluyen subvenciones o pago de algún servicio.
Las empresas en el punto de mira de la Fiscalía son las de siempre: Comunicació dels Ports, Mas Mut, Kriol Comunicaciones y Canal Maestrat. Las dos primeras, de Francis Puig. Las otras dos mercantiles, corresponde a sus socios.
Más allá de la legalidad de los contratos, lo realmente importante para estas pesquisas es cuantificar la cantidad de dinero que recibieron las empresas de la trama y si este aporte económico llegó a superar los 120.000 euros con independencia de que procedan de administraciones diferentes. De ahí la insistencia por parte de los populares para que se incorpore toda esa documentación.
El juez considera ahora procedente añadir este material «por si se produjo algún tipo de engaño en la solicitud de subvenciones siendo relevante para averiguar si recibió dichos ingresos, teniendo en cuenta que su existencia puede incrementar la cuantía defraudada en las subvenciones para el fomento del valenciano».
En cambio, el instructor no modifica su criterio respecto al ya famoso expediente de la Conselleria de Economía donde se multa a las empresas del cartel por tratar de pactar precios para un concurso en À Punt, una práctica que la propia cadena detectó y denunció.
Tal y como informó LAS PROVINCIAS, el informe elaborado por Competencia incluía la transcripción de significativos mensajes entre los empresarios. Unas conversaciones que certifican, como indica el propio dosier, que tenían acceso a la información del concurso de À Punt antes de que fuera colgado en la plataforma de contratación del Estado y en el de la televisión pública. Francis Puig y sus socios, según se desprende de la documentación, gozaban de información privilegiada para optar con ventaja al concurso.
Las sanciones resultaron importantes. A Comunicacions dels Ports, empresa matriz del hermano de Ximo Puig, se le impuso una sanción de 16.801 euros, mientras que a Canal Maestrat y Kriol, las dos productoras de los Adell Bover, la sanción suma 26.103 euros. La última firma castigada es Visualiza, con 3.337 euros. Las cuatro forman el conocido como cártel de las productoras.