Según una información adelantada por el diario Las Provincias, el magistrado titular del juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha citado a declarar en calidad de investigados a la director gerente del área de salud del Hospital General de Alicante y a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad el próximo 3 de diciembre.
Obedece a la querella presentada por la carencia de equipos de protección y de test para los profesionales sanitarios. Se da la circunstancia que el hospital de Alicante presenta una de las ratios de contagio más altas de España.
La querella presentada -explica Las Provincias- repasa cronológicamente el inicio de la emergencia sanitaria y las demandas de medidas de prevención. Recuerda que -tal y como adelantó en su dia Cope Valencia- el día 31 de enero, el sindicato CSIF ya reclamó a la conselleria la necesidad de formación y equipos de protección. La querella recopila todas las reclamaciones de colectivos sanitarios por la carencia de medios. En marzo, el sindicato CESM pidió a la consellera que rectificara su afirmación de que los médicos se contagiaron «por hacer viajes o ver a familiares» y que suministrara equipos de protección. También reclamaron en el mismo sentido los Consejos Generales de Dentistas, Enfermeros , Farmacéuticos, Médicos y Veterinarios.
A principios de abril, con los preocupantes datos sobre la mesa -140 casos confirmados en Alicante (Hospital General) y 682 en cuarentena–, Intersindical reclamó una investigación a la responsable de Recursos Humanos de la Conselleria, ahora investigada, para que analizara lo ocurrido. Solicitaron lo mismo al director gerente. Según recoge la querella, ninguna de estas peticiones fue atendida. Las quejas de los sanitarios siguieron produciéndose en masa, tal y como muestra la documentación aportada.
Los querellantes apuntan que los hechos relatados constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. De momento, la juez ha acordado las dos citaciones anteriores, pero hay toda una serie de diligencias pendientes, como la petición de documentación a la conselleria, que se resolverá tras las dos comparecencias.
Respecto a la consellera Ana Barceló -añade la información de Las Provincias- los querellantes reclaman, de entrada, que acuda como testigo a este juzgado. Barceló es aforada y, por tanto, sólo puede ser citada como investigada por el Tribunal Superior de Justicia.
Mientras tanto, la querella que se presentó contra ella acumula ya cuatro meses sin respuesta. Existe otro procedimiento contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, el presidente Puig y el alcalde Ribó por hechos similares que tampoco tiene de momento resolución.