La conselleria que dirige Vicent Marzà ha enviado una circular a los centros que insiste en que toda actividad que se da en las clases vehiculadas en valenciano de asignaturas no lingüísticas, como pueden ser Matemáticas o Historia, debe basarse en la lengua autonómica, ya sea en las intervenciones del alumnado, en los trabajos a presentar o en los exámenes.

La instrucción ha causado malestar entre familias y docentes de zonas castellanohablantes, ya que consideran una medida más de presión e incluso antipedagógica. Y es que en la gran mayoría de centros han aumentado las materias que se dan en valenciano pese a ser una lengua sin apenas presencia, lo que dificulta su asimilación en la rutina diaria.

Pues bien, la aasociación Hablamos Español ha segurado que lleva esta nueva instriucción de consellería al TSJCV para que sean los jueces los que decidn su legalidad. Y es que a juicio de los abogados de Hablamos Español, la Administración puede imponer la lengua al profesor, pero no al alumno, y así lo han entendido numerosos profesores que anteponen la importancia de adquirir los contenidos de la asignatura a una mal llamada normalización lingüística.

Según el comunicado de la Asociación, "en algunos casos, se pretende impedir el ejercicio de este derecho, llegando incluso a intentar bajar la nota de los exámenes. En esos casos, las familias han presentado un escrito elaborado por el equipo jurídico de Hablamos Español con fundamentos de derecho que avalan la libertad de uso del español por parte del alumnado".

Los equipos directivos de estos centros han pedido asesoramiento legal a la Consellería y ésta, ante el aumento de familias que están presentando nuestro escrito, ha enviado a los centros esa instrucción en la que se indica que han de bajar la nota a los alumnos que se expresen en español.

"Como asociación estatutariamente legitimada para defender ante los tribunales los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, presentaremos recurso directo ante el TSJV, por tratarse de una instrucción en la que se contempla, de facto, la imposición de sanciones. De este modo acortaremos la vía administrativa iniciada con los recursos de cada familia. Establece deberes que afectan a los alumnos, siendo, por lo tanto, recurrible. La consellería ha querido disfrazar esta instrucción con el titulo de “consideraciones” para intentar eludir el control jurisdiccional de la misma, pero, obviamente, se trata de un acto administrativo de carácter reglamentario, en la que se establecen deberes para el alumnado y, por lo tanto, puede ser recurrida por la vía contencioso-administrativa".

Además, "las consideraciones jurídicas a las que se alude en la instrucción de la Consellería no amparan ni de lejos la prohibición que pretenden imponer y tan solo se refieren a la facultad de la administración para imponer la lengua al docente, un funcionario sujeto a deberes diferentes de los demás ciudadanos".