La Generalitat Valenciana ha recurrido el archivo provisional de la causa contra el ex president de la Generalitat, Francisco Camps, por el contrato mediante el cual el Consell sustituyó a Bancaja como avalista de la empresa Valmor, organizadora inicial de los grandes premios urbanos de Fórmula 1 que albergó València.

La Abogacía de la Generalitat ha optado por presentar recurso contra el archivo de esa causa, que es la última sobre la Fórmula 1 en la que estaba imputado Camps, y la octava causa judicial que se cierra favorablemente al ex presidente de un total de 9 que ha tenido que afrontar en estos últimos años. Queda pendiente la última que es la de los contratos menores con la trama Gurtel.

Esta pieza de la F1 ya fue archivada inicialmente por la jueza instructora en diciembre de 2018 con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue reabierta meses después a petición de la Abogacía de la Generalitat, que mantenía su petición sobre la continuidad del procedimiento. Ahora, tres años después vuelve a ser archivada, y aunque de nuevo el ministerio público mantenía su petición de archivo, la Generalitat decide recurrir.

En este sentido, el movimiento de la abogacía viene a engrosar la factura millonaria que a la administración valenciana le está costando la batalla judicial que mantiene contra el ex presidente y que -de momento- se acerca a los dos millones de euros.

Con cifras redondeadas por abajo, por aquello de la prudencia, pero bastante aproximadas, el primer gasto a destacar es que por causas perdidas por la abogacía en el juzgado de instrucción 17 de Valencia, la defensa de Camps ha solicitado más de 600 mil €. Una cifra que Presidencia de la Generalitat discute, que ha dado orden de no pagarla, y que con toda probabilidad acabará en un juzgado para que decida su ejecución.

A ésta cifra habría que añadir -aunque sea de forma indirecta- las reclamaciones de las defensas del resto de imputados cuyos gastos los cubren las aseguradoras con cargo a las pólizas de la Generalitat.

Otro sumando corresponde al gasto de los servicios jurídicos públicos, es decir, la atención exclusiva de varios abogados de la abogacía de Generalitat durante casi 7 años años y que -tirando por lo bajo para no pillarse los dedos- se calcula que superará los 300 mil euros.

Otras partidas a sumar son las pericias encargadas al despacho GOMEZ ACEBO, que ascienden a 16.000 € o los honorarios del abogado externo que fichó la Generalitat para la causa de V encuentro Mundial de las Familias, que suman otros 60.000 €.

Pero todavía no hay que dejar la calculadora. Una de las partidas más importantes -aunque sea gasto indirecto- son los 800.000 € ya fijados en el Tribunal de Cuentas por la F1.

Y hasta aquí lo que se puede sumar hasta ahora. Pero no hay que guardar del todo la calculadora porque la factura total seguirá engordando.

Quedan pendientes los honorarios y gastos del conjunto de imputados en el caso del V Encuentro Mundial de las Familias, a los que tienen derecho en el caso de funcionarios o cargos públicos, y que todavía no se han comunicado a Presidencia de la Generalitat, así como los que se deriven de este nuevo recurso que ahora anuncia la Generalitat.