La portavoz adjunta del PP valenciano, Eva Ortiz, ha desvelado esta mañana durante la sesión de control al presidente en las Cortes Valencianas lo que parece un nuevo presunto trato de favor del Gobierno Botánico que preside Ximo Puig a una empresa de su hermano Francis.
Según la versión de la número dos del PP valenciano que recoege el diario El Mundo, en enero de 2014, todavía con el gobierno del PP de Alberto Fabra, la consellería de Agricultura desestimó el cobro de una subvención a Comunicació dels Ports porque -entre eotras cosas- habías presentado la solicitud fuera de plazo. La denegación de la citada ayuda desembocó en la decsión del hermano del ahora presidente de interponer un recurso contencioso administratico contra esta resolución.
La sorpresa salta cuando finalmente no fue necesario esperar a la resolución judicial, ya que un mes después del cambio de Gobierno en la Generalitat Valenciana, es decir, en julio de 2015, el nuevo director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, el socialista Francisco Rodríguez Mulero, firmó una resolución en que que estimaba el recurso de reposición del hermano del presidente contra la resolución del anterior gobierno popular que declaraba "la pérdida de derecho al cobro de 35.645,16 euros" correspondientes a dos anualidades de la subvención de Ruralter. En su escrito, el alto cargo de la administración socialista señalaba que la emprersa del hermano de Puig había "presentado las solicitudes de pago y documentación requerida en el plazo otorgado".
A los populares les consta que a cambio de este gesto, el hermano del presidente desestimó seguir con la vía judicial, tal y como se constata en un correo de un despacho de abogados que se envía a la jefa de servicio de Estrategia Territorial, Anna Torrelles, en la que se adjunta el escrito de desestimiento, por parte de Francis Puig, del procedimiento contencioso.
En esta ocasión la denuncia no la inicia el PP por ninguna filtración sino que es un funcionario quien detectó "hechos susceptibles de reproche jurídico" en la liquidación de 2015 y decidió enviar el caso a la Agencia Antifraude para que lo investigara.