El Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) han mostrado su rechazo al concepto de "violencia obstétrica" y la enmienda presentada por PSPV, Compromís y Unides Podem en Les Corts para incluirlo en la ley de 2012 contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Así se han posicionado tras la propuesta presentada por los tres socios del gobierno autonómico a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Esta enmienda ha generado la dimisión de dos ginecólogas, por lo que los grupos parlamentarios se han mostrado dispuestos a "hablar" sobre su encaje legal.

En un comunicado, el ICOMV denuncia que este término supone un "ataque directo" contra los médicos especialistas en ginecología, las matronas y el resto del personal sanitario que participa en el seguimiento de los embarazos y partos con el fin de preservar la salud de la mujer y del bebé.

"La violencia de género es un tema muy serio y preocupante en nuestro país", subraya, y advierte que incluir el uso del término 'violencia obstétrica' dentro de la violencia de género "no hace más que romper la confianza médico-paciente y la relación de respeto mutuo" tan importante en esta profesión.

Aunque "como en cualquier otro trabajo, pueden darse casos de mala praxis", la entidad colegial remarca que no es lo habitual y que si es así deben abordarse por las vías legales correspondientes.

Y es que, a su juicio, no se puede permitir que se cree un concepto que "criminalice" el trabajo de los ginecólogos y del personal sanitario que vela día a día por la calidad asistencial y la salud de las mujeres y sus hijos.

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?? El ICOMV rechaza el uso del término “violencia obstétrica” y su inclusión en la Ley de Violencia de Género

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— Colegio de Médicos Valencia (@IICOMV) November 23, 2021

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Por su parte, el Sindicato Médico ha manifestado "profundo rechazo" ante un término que "pretende criminalizar las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y posparto", y ha solicitado que "se retire el uso de este término, alejado de la realidad asistencial" y que "crea una innecesaria alarma social entre las pacientes, erosionando así la necesaria confianza médico-paciente".

El CESM-CV ha afirmado que el término "califica como violencia las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y de la ética médica" y ha defendido que "este concepto en absoluto se ajusta a la realidad de la asistencia obstétrica en nuestro país".

"Por ello, el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, al igual que el resto de entidades profesionales (Colegios y Sociedades Científicas) rechazamos de forma inequívoca y contundente el término de 'violencia obstétrica' en la atención a las pacientes, y queremos poner en valor el compromiso de los especialistas en Ginecología y Obstetricia por el bienestar de las mujeres, su salud y la de sus hijos, y por la mejora de la práctica clínica basada únicamente en criterios de evidencia", ha señalado.

Asimismo, ha pedido tanto al Ministerio de Igualdad como a la Conselleria que "centren sus esfuerzos y actuaciones en vigilar y prevenir todas aquellas situaciones provocadas fundamentalmente por la persistente falta de recursos humanos y materiales" en las que los sanitarios "se ven obligados en muchas ocasiones a ejercer" y que "son las que realmente ponen en riesgo a las pacientes, y las que inciden negativamente en la calidad y seguridad del acto médico".

Las dimisiones de profesionales producidas a raíz de la propuesta y "las que con toda seguridad se producirán en próximas fechas, desencadenadas por esta injusta y desafortunada decisión, son una muestra más del rechazo de una profesión que se siente maltratada por quien en vez de crear condiciones que favorezcan la relación médico paciente, enarbolan acciones encaminadas a criminalizar el ejercicio médico", ha zanjado.

En la misma línea, el Colegio de Médicos de Alicante ha expresado en otro comunicado su "rechazo tanto al término de 'violencia', dando a entender la existencia de actos violentos en la atención a las pacientes, como su tipificación en la categoría de delito penal que se le pretende dar".

De igual forma, ha subrayado su "total apoyo a los facultativos que puedan ser afectados por la anunciada modificación de la Ley Integral contra la Violencia sobre las Mujeres, del gobierno valenciano, y a sus reivindicaciones en contra de su aplicación, dadas las repercusiones que tendrá sobre la relación médico-paciente, sobre la asistencia a las mujeres y a sus recién nacidos, sobre la injusta criminalización de la profesión médica y sobre otras repercusiones legales derivadas de la asistencia".

"Entendemos que este puede ser sólo el principio de un cambio de paradigma en la normativa de la atención médica que podrá afectar a cualquier ámbito o especialidad y no necesariamente sólo a la ginecología-obstetricia, por lo que realizamos un llamamiento a la unidad en contra de la imposición de normativas que lesionan en lo más profundo la confianza en la que ambos, médicos y pacientes, deben basar su relación y que poco tienen que ver con la calidad asistencial", ha indicado.