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TRIBUNALES

Alfonso Rus se sentará otra vez en el banquillo de los acusados por otra pieza del caso TAULA

También se juzga a Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero". Se les acusa de irregularidades en un contrato de atención telefónica

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EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 13:28

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, y otros siete acusados en el marco de la pieza separada "D", del llamado caso Taula o Imelsa, una pieza relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de atención telefónica para la empresa pública de la Diputación, Imelsa.

La misma juez decretó la apertura de juicio oral contra las 26 personas acusadas en las piezas separadas B y F del caso Imelsa el pasado día 21 de mayo. Estas piezas son relativas a contrataciones irregulares ("trabajadores zombis") de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.

Entre los acusados en esas piezas figura también Alfonso Rus. En esa causa se juzgan delitos como pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos.

Esta nueva resolución, que es firme y solo puede ser recurrida en lo relativo a la situación personal de los encausados, determina que la Audiencia Provincial de Valencia juzgue a Rus como presunto autor de delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

En el caso del que fuera gerente de Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero", los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado.

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria.

En el auto, la juez requiere a seis de los encausados para que presten una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que en su día pudieran declararse procedentes.

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