Prácticamente lleva tres meses sin reunirse la comisión que en el ayuntamiento de Castellón de la Plana investiga las contrataciones realizadas durante la pasada legislatura por el equipo de Gobierno relacionadas con una sala de emergencias que pretendía unificar los servicios de Policía Local, Bomberos municipales y Tráfico y que no funciona correctamente, aunque se han destinado 1,5 millones de euros.

El Partido Popular pide reactivar esta comisión y que el ejecutivo presidido por Amparo Marco responda a las cuestiones planteadas el 4 de diciembre, de lo contrario, a partir de mitad de marzo se plantearía iniciar una vía judicial ya que con la información de la que dispone actualmente considera que hay indicios pensales.

El concejal y representante del Grupo Municipal Popular en la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local, Vicent Sales, ha denunciado en rueda de prensa -junto al portavoz adjunto y también representante del Grupo Municipal Popular en la misma Comisión de Investigación, Sergio Toledo- el ‘bloqueo’ del gobierno municipal al trabajo de la Comisión de Investigación para esclarecer las adjudicaciones de la reforma de una Sala de Emergencias “que nos cuesta a todos los castellonenses la friolera de 1,5 millones de euros y no funciona correctamente, incumple de manera flagrante el objeto del contrato para la que fue concedida. Hoy el Ayuntamiento está ejecutando un segundo contrato por valor de 600.000 euros a fin de implantar un segundo software, dinero que se suma a los 900.000 euros del contrato inicial que ya contemplaba un software o cerebro informático para la Sala de Emergencias”, explica.

Sales deja claro que si el gobierno municipal está buscando que prescriban los presuntos delitos será la Justicia la que actúe. “Solicitamos la reactivación inmediata de la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias, con la entrega de la documentación atrasada y colaboración máxima por parte del gobierno socialista”, anuncia.

Para el edil Popular “todavía son muchas las sospechas y presuntas irregularidades en el proceso de licitación que se siguió para renovar la Sala de Emergencias de la Policía Local. A pesar de los múltiples incumplimientos del contrato, fue recepcionada como si todo estuviera en orden y no es así. Ni siquiera contaba con cámaras que hubieran puesto cara a los asaltantes del Ayuntamiento el 30 de septiembre de 2017, en la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, lo que llevó a tener que sacar dos contratos menores adicionales para suplir esta carencia”.

Recientemente ha salido a licitación el nuevo contrato de las 80 cámaras de videovigilancia en instalaciones municipales, pendiente de licitar desde el 25 de octubre de 2016, que era cuando se ejecutaba la nueva Sala de Emergencias, “por lo que entendíamos que ésta ya lo contemplaba y, por si fuera poco, se pone en marcha un sistema de videovigilancia de tráfico en el centro con otras 14 cámaras, gestionado de manera externa”, expone Sales.

La última sesión de la Comisión de Investigación de la Sala de Emergencias de la Policía Local fue el 4 de diciembre de 2020. Se van a cumplir tres meses y no hay noticias de la misma, a juicio del edil Popular, “parece que lo que pretende el gobierno de izquierdas es enfriar un asunto del que no debe tener mucho interés en que se conozca la verdad, a pesar de que deben a la ciudadanía muchas explicaciones que no han dado”.

Pasan los días y el edil Popular lamenta que “la alcaldesa Amparo Marco siga gastando dinero de todos los castellonenses en torno a esta polémica instalación, que sigue sin prestar el servicio con el que fue concebida, porque no se ha cumplido el objeto del contrato que recordemos era la unificación de las tres salas: Policía, Bomberos y control del Tráfico en una sola a través de un contrato licitado en 900.000 euros”.

Después de saber que no estaban instaladas las cámaras de seguridad en el Palacio Municipal que, sin embargo, sí se habían recibido el 17 de abril del 2017, los Populares siguen buscando respuestas. “El equipo de gobierno nos mintió haciéndonos creer que las cámaras que había estaban obsoletas, cuando las únicas que había eran las de un circuito alternativo controlado por ingeniería. No estaban las cámaras contratadas”, recuerda Vicent Sales y añade: “Se nos dijo entonces, en 2017, que hacía falta sacar otro contrato además del de 600.000€ para el software de la Sala, cosa que en absoluto era cierto cuando se licitó en el primer contrato, para lo cual se contrató a una empresa con apariencia de ser fantasma (Alt 165), sin personal ni actividad económica conocida, ubicada en el mismo municipio, San Lorenzo del Escorial, que la empresa que acabó llevándose el contrato (Eurocop)”.

Es entonces cuando se ejecuta un segundo contrato, el del software, que no estaba contemplado en el contrato inicial y que después ha sido objeto por dos veces de resoluciones contrarias a la acción del gobierno municipal en los tribunales de arbitraje contractual. En un principio se le adjudicó a la misma empresa que inicialmente se había llevado los 4 lotes del contrato inicial (Eurocop), aunque debido a un recurso, perdió uno de los lotes. Y este segundo contrato que también se le adjudicó, fue recurrido por otra empresa, que ganó el recurso en los tribunales; el Ayuntamiento decidió suspender entonces el concurso. Y finalmente y ante un nuevo recurso, se le ha tenido que adjudicar a una empresa diferente.

"Sospechas y más sospechas"

Para los Populares es imprescindible aclarar por qué hoy en día no hay una única Sala de Emergencias, si tal y como señala el Informe de Necesidad que fue origen del contrato y que fue firmado por el 2º Teniente de Alcalde, es decir, Antonio Lorenzo, número dos del PSOE en la ciudad de Castellón y mano derecha de la alcaldesa Amparo Marco, y por el Intendente Julián Sánchez, “se ha generado la necesidad de fusionar todas las salas en una (sala de coordinación de emergencias, la de bomberos, la de PLCS y la sala de gestión y control de tráfico) para dar una respuesta coordinada”.

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Tampoco hay respuesta a por qué las cámaras correspondientes al Lote 4 del contrato recepcionadas el 17 de abril de 2017 no estaban instaladas y en funcionamiento el 30 de septiembre durante el asalto a la azotea.

“No entendemos por qué se firmó un acta de conformidad el 20 de diciembre si el contrato no se había cumplido correctamente y lo que es más grave, por qué la Junta de Gobierno Local accede a liquidar y pagar íntegramente el contrato y los diferentes LOTES si éste no ha cumplido ni con la necesidad del contrato que era la unificación en una única Sala de Emergencias, ni con las prestaciones del mismo, ya que no había cámaras el 30 de septiembre y hubo que hacer dos contratos menores en noviembre de 2017”, reitera Sales.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Populares piden la reactivación inmediata de la Comisión de Investigación; la entrega de todo el material documental pendiente y piden colaboración máxima por parte del equipo de gobierno socialista.