El secretario general de los socialistas castellonenses, Ernest Blanch, critica la Justicia por la citación como investigada de la alcaldesa de Vall d'Uixó, Tania Baños, por prevaricación e incitación a la discriminación tras el derribo de la Cruz de la plaza de La Paz. Blanch considera que es una injusticia lo que está sufriendo Baños y sostiene que falta mucha cultura democrática en una parte de la judicatura. Justamente se cumple ahora un año desde que fuera demolida la Cruz.

Baños ha sido citada a declarar el 25 de julio por la denuncia de Abogados Cristianos, que incluso pide su inhabilitación. Esa denuncia se sumaba a la presentada por el Partido Popular de Vall d'Uixó.

El Ayuntamiento socialista de Vall d'Uixó (Castellón) derriba la Cruz de los Caídos

Cientos de personas han criticado la medida tomada por el consistorio 

06 jun 2018 - 12:03

Blanch ha tildado de “intolerable” lo que está sucediendo en los juzgados “con el asunto de la sustitución de la cruz franquista de Vall d’Uixó por una escultura alusiva a la música y que, por lo tanto, es integradora y representativa de todas las ciudadanas y los ciudadanos de la localidad”. También ha querido dejar claro que “Tania Baños contará con todo el apoyo del Partido Socialista para exigir que se restablezca la normalidad y para que quede corregida la injusticia a la que está siendo sometida por defender los derechos y las libertades de esta Democracia que queremos mejorar, y para la que no vamos a admitir ningún paso atrás”.

Ha añadido que “en este país queda mucho camino judicial y de reconocimiento y consolidación de derechos por recorrer si resulta que una alcaldesa ejemplar, por cumplir de manera escrupulosa con el espíritu y la forma de la ley de Memoria Histórica, es denunciada y la denuncia resulta admitida a trámite, sin valorar la prioridad de los derechos de los que se está tratando”.

Blanch se pregunta “qué ocurre con nuestro sistema judicial, cómo se explica que sucedan cosas como la de Tania Baños, o que el Tribunal Supremo deje estupefactos a todos los demócratas españoles al afirmar que Francisco Franco era el jefe del Estado en octubre de 1936, cuando el país estaba en guerra tras el golpe de Estado perpetrado el 18 de julio de ese mismo año, que todavía no había triunfado, y existía un gobierno legítimo de la República presidido por Manuel Azaña”.