La Generalitat Valenciana le adeuda al ayuntamiento de La Llosa 400.000 euros. Es la denuncia que hace pública el consistorio y que proceden de diferentes ayudas y subvenciones sin abonar desde el año 2017 y que corresponden por ejemplo a talleres de empleo, a la reforma del consultorio o por ejemplo por las lluvias que afectaron a la población en 2018 cuando se declaró la situación de zona catastrófica.

Así, cabe resaltar una deuda por 14.801,75 euros de talleres de empleo de 2017; de poco más de 1.000 euros por la reforma del consultorio médico del pasado 2018; de casi 14.500 euros de las ayudas Leader 2018 o de 36.329,07 euros por la declaración de zona catastrófica tras las fuertes lluvias de octubre 2018. En cuanto al presente año, se dejan a deber cantidades correspondientes a los servicios sociales (44.420 euros relativos a 2018-2019) o los programas de empleo como T’Avalem (59.949 euros), así como 24.021 euros del Fondo de Cooperación, 4.347 euros del consultorio médico y otros 36.329,07 euros de la declaración de zona catastrófica del municipio. 

Estas y otras cantidades derivadas de ayudas y subvenciones para la mejora de los servicios y calidad de vida de los vecinos y vecinas quedan pendientes de pago por parte de la Generalitat. Ante esto, el alcalde, Ximo Llopis, señala que el municipio no se encuentra en posición de adelantar todo el dinero pendiente y reclama a la Generalitat que haga frente a las deudas que mantiene con La Llosa.

La deuda con Canet lo Roig asciende a 129.000 euros

La alcaldesa de Canet Lo Roig, María Ángeles Pallarés, ha manifestado su preocupación por la situación económica que atraviesa el Ayuntamiento y que hace peligrar la estabilidad presupuestaria municipal. La complicada coyuntura, ha explicado, "viene generada por los adeudos acumulados que la Generalitat Valenciana tiene con el consistorio y la demora en los pagos ya está empezando a causar un importante problema de liquidez en el día a día del Ayuntamiento", apunta.

Pallarés indica que la deuda supera ya los 129.000 euros y detalló los importes y conceptos, "están pendientes el primer y segundo pago del Fondo de Cooperación de 2019, por un importe de 9.693 euros cada uno; el segundo pago del convenio con el Servef, por una cantidad de 10.290 euros; 28.462 euros correspondientes a los Fondos del programa de la Lucha contra la Despoblación 2019; el primer y segundo trimestre del convenio de Asistencia Sanitaria, por un total de 1.641 euros; 27.353,2 euros de la Conselleria de Agricultura, en concepto de ayudas para obras de acondicionamiento de caminos rurales y 41.891,92 euros correspondientes a la certificación parcial del Pla Edificant".
La alcaldesa, que ha contactado en varias ocasiones con la administración autonómica para interesarse por las gestiones que se están realizando de cara a regularizar la deuda, aseguró que "la respuesta es que algunos de los pagos están ya en Hacienda, pendientes de abonar, pero otros, en cambio, no están ni contabilizados".

La alcaldesa también recuerda que "la deuda que la Generalitat Valenciana tiene con Canet lo Roig, supone un 15% del presupuesto municipal, un porcentaje muy importante para unas cuentas tan modestas y que apenas nos deja margen de acción para el óptimo funcionamiento y gestión del Ayuntamiento, más durante los últimos meses del año, cuando hay que hacer el cierre del ejercicio".  Ante tal tesitura, Pallarés ha avanzado que  "nos estamos planteando solicitar una póliza de crédito para poder hacer frente a los parámetros de obligado cumplimiento que deben asumir los Ayuntamientos en cuestiones de estabilidad presupuestaria, parámetros como el plazo medio de pago a proveedores, que ha de ser inferior a 30 días pero que, por lo visto, la Generalitat no ha de cumplir. Es una vergüenza que los ayuntamientos estemos en esta situación debido a la nefasta gestión de administraciones superiores de las que dependemos, y más cuando proclaman a los cuatro vientos sus medidas para prevenir la despoblación y apoyar a los pequeños municipios. Nosotros lo que necesitamos ante todo es que la Generalitat se ponga al corriente de pago", concluye.