Los delegados diocesanos de enseñanza de las Diócesis de la Comunidad Valenciana, reunidos con Mons. Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-Castellón y delegado de los obispos de la Provincia Eclesiástica Valentina para la enseñanza, han valorado detenidamente las graves incidencias que se están produciendo desde el inicio del presente curso escolar en relación con la Asignatura de Religión y Moral Católica en centros de titularidad pública en la Comunidad Valenciana.

 

Denuncian que, por tercer curso consecutivo, la Administración educativa incumple lo previsto en sus propias instrucciones que establecen que la Plantilla del profesorado de la asignatura de Religión ha de estar configurada antes del inicio del curso escolar. Sin embargo, muchos alumnos que han elegido libremente cursar la asignatura de Religión, no tienen asignado profesor de religión por la administración, meses después desde el inicio de las clases, pese a contar la Administración con suficientes profesores presentados por las Diócesis.

 

A fecha de hoy, en Infantil y Primaria, la Consellería no ha asignado profesor de religión para 20 colegios y no ha sustituido a otros 7 profesores que están de baja en la Diócesis de Orihuela-Alicante; en la de Segorbe-Castellón son 6 los centros sin profesor designado además de no haber cubierto varias puntas horarias en otros tantos centros. En la Diócesis de Tortosa tampoco tiene asignado profesor 1 centro educativo.

 

En Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, la situación en este curso es aún más sangrante. En primer lugar porque el Consell mediante el Decreto 51/2018 dispuso que se dejaba de ofertar la asignatura de Religión y Moral Católica en segundo curso de Bachillerato, a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo del mes de marzo ya había establecido jurisprudencia haciendo obligatoria su oferta también en segundo de Bachillerato. Esta medida unilateral de la administración fue recurrida ante la justicia; la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estableció medidas cautelares obligando a la Conselleria a abrir un plazo extraordinario de matrícula para que se ofertase la asignatura de Religión también a los alumnos de segundo de Bachillerato. El sentido común y las propias instrucciones de la Consellería requerían que se hubiera adaptado la plantilla de secundaria existente a las necesidades del curso 2018-19 y que después se hubieran hecho las modificaciones necesarias por el esperado incremento de matrícula en Bachillerato. Sin embargo, la Administración educativa decidió inexplicablemente paralizar toda la plantilla provocando un inicio de curso totalmente irregular, con horas de religión no atendidas, con alumnos sin profesorado, con alumnos matriculados en Bachillerato a los que después de dos meses de clases se les dice que deben cambiar de asignatura porque no pueden seguir cursando Religión dado la Consellería ha eliminado unilateralmente el grupo de los que habían pedido clase de Religión.

 

Esta situación en Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato es incomprensible dado que la Consellería tiene en plantilla suficientes profesores de religión contratados para impartir las horas de la materia; sin embargo, no ha realizado en tiempo y forma el trabajo administrativo necesario para asignar a cada profesor la nueva carga horaria para este curso escolar y firmar la correspondiente adenda al contrato laboral con su nuevo destino. Desconocemos las razones de esta actuación. Así las cosas, a fecha de hoy, en la Diócesis de Orihuela-Alicante se han detectado más de 15 institutos con problemas no resueltos, en la Diócesis de Segorbe-Castellón son 8 los centros con problemas por no reconocer la administración la matrícula real de alumnos y en uno de ellos los alumnos están sin profesor desde el 1 de octubre pasado;  en la Diócesis de Tortosa encontramos otro instituto donde no se están reconociendo los grupos de segundo de bachillerato y en la Diócesis de Valencia se han detectado 2 institutos sin profesor asignado y en más de 20 centros la administración no reconoce los grupos de  alumnos matriculados en segundo de bachillerato con las más peregrinas excusas.

 

Ante esta situación, los delegados expresan su malestar por la falta de transparencia, de previsión y de medios adecuados con los que viene actuando la actual Administración educativa autonómica; detectan no sólo una mala gestión de los recursos de todos los ciudadanos sino también una clara voluntad de perjudicar a la asignatura de Religión y Moral católica al provocar todos los años graves anomalías que impiden a alumnos y centros educativos comenzar y desarrollar con normalidad el curso escolar. Además manifiestan su preocupación ante la ausencia de voluntad de diálogo de la administración educativa, como evidencia la falta de respuesta durante estos dos meses desde el inicio de curso a las llamadas telefónicas y correos electrónicos de los delegados diocesanos de enseñanza en los que transmitían la gravedad de las situaciones que denunciaban padres, alumnos, profesores y centros.

 

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Recuerdan que esta actuación de la Consellería de Educación afecta directa y negativamente:

 

A los padres, en su derecho fundamental a elegir la asignatura de Religión y Moral Católica  para sus hijos.

A los alumnos, en su derecho a recibir clase de Religión porque, dos meses después del inicio del curso, no tienen asignado profesor para esta materia. O a los alumnos a quienes se obliga a cambiar de asignatura dos meses después de iniciado el curso por razones desconocidas.

A los centros que, por la planificación de Conselleria, comparten profesorado de religión porque se ven obligados a modificar los horarios del resto del claustro de profesores y porque la ausencia de profesor de Religión afecta al normal desarrollo de la vida académica.

Al propio profesor de Religión que, a diferencia del resto del claustro, no tiene a día de hoy definida su situación laboral personal por culpa de la Administración.

A la propia asignatura de Religión y Moral Católica que, lejos de ser tratada como una asignatura equiparable a materia fundamental, queda discriminada de facto cuando a otras asignaturas no se les aplican las mismas restricciones y ratios.

 

Por todo ello, Mons. Casimiro López Llorente y los delegados diocesanos de Enseñanza de Valencia, Orihuela-Alicante, Tortosa y Segorbe-Castellón:

 

Piden a la Consellería que deje de actuar de esta forma negligente, arbitraria y discriminatoria en relación con la asignatura de Religión y Moral Católica y que respete y garantice el derecho fundamental de los padres que la han elegido libre y voluntariamente para sus hijos, puesto que la “calidad democrática” de nuestras instituciones queda en entredicho cuando se vulneran bases fundamentales de nuestra Constitución o de los Derechos Humanos.

Exigen a la Administración educativa que agilice los trámites de asignación del profesorado y trate la asignatura de Religión conforme a la legislación y en igualdad de trato con el resto de materias, tomando las medidas necesarias para solucionar las numerosas incidencias detectadas en toda la Comunidad Valenciana.

Piden y animan a las familias que detecten incidencias relacionadas con la asignatura de Religión, que lo denuncien públicamente y presenten por escrito ante la Conselleria la correspondiente reclamación para hacer valer sus derechos.

Y, finalmente, reiteran nuevamente a la Consellería de Educación su disposición al diálogo y su colaboración para que no se vuelva a repetir esta lamentable situación.