Visibilizar la violencia de género y concienciar a la población se ha convertido en una misión en la que deben estar implicados diferentes agentes de la sociedad. Por este motivo, el Centro Comercial Salera, cuyo propietario mayoritario es un fondo bajo la gestión de la división inmobiliaria de DWS y gestionado por CBRE, se convierte en un espacio de ayuda para las víctimas al poner en marcha un Punto Violeta.

El Punto Violeta tiene como objetivo implicar a los visitantes del centro en la lucha contra la violencia de género y sexual, acercar los servicios integrales a las víctimas de forma discreta y facilitar información sobre cómo actuar en un caso de violencia de género. Para ello, el personal del centro comercial Salera con trato directo al cliente, el personal del punto de atención al cliente, el servicio de seguridad y el personal de gerencia han recibido una formación acreditada por la empresa Hemif Consulting. Asimismo, Salera cuenta con el apoyo del ayuntamiento de Castellón, que ha facilitado folletos y guías en valenciano, castellano, rumano y árabe.

La puesta en marcha de este Punto Violeta responde a la nueva estrategia del Centro Comercial Salera en materia de Responsabibilidad Social Corporativa (RSC), el proyecto MANOS. Este plan tiene el objetivo de reforzar el compromiso social del centro con Castellón y provincia trabajando en los siguientes ámbitos: salud, comunidad, tradición y cultura, sostenibilidad y diversidad e igualdad; y con un denominador común, las personas.

En palabras de Alejandro Galocha, gerente del Centro Comercial Salera: “El Punto Violeta forma parte de nuestra estrategia en la lucha contra las desigualdades y permitirá que todos nuestros clientes y trabajadores puedan encontrar en el centro comercial un lugar discreto y accesible donde poder recibir información, asesoramiento y denunciar posibles agresiones”.

Los Puntos Violeta forman parte del catálogo de medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por el Gobierno y supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia de género como un problema estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.