Noviembre ha sido el mes con más defunciones por COVID tras abril, ante esta coyuntura la industria cerámica quiere manifestar su preocupación por las medidas que puedan paralizar de nuevo la actividad de la construcción, así como el cierre de los puntos de venta de materiales de la construcción, tiendas retail de cerámica y similares.

La situación lejos, de mejorar empeora y ante esta situación, ASCER considera que es momento de tomar medidas que tengan en cuenta la realidad económica y sus consecuencias en las empresas y en el empleo.

Son necesarias medidas de contención de la pandemia, pero es igualmente necesario evitar a toda costa la paralización total de la actividad como sucedió durante la primera ola. Y más cuando está sobradamente confirmando que el sector de la construcción y el retail no ha sido un foco de contagios gracias a las medidas preventivas que se han adoptado.

La recuperación económica de española va a depender, entre otras actividades, de la construcción. Según SEOPAN por cada euro invertido la construcción genera 1,92€. En 2019 empleó a más de 1,27 millones de trabajadores, según el Observatorio de la Fundación Laboral de la Construcción, y su mantenimiento es clave para la recuperación.

Esas iniciativas para la activación de la demanda en sectores como la construcción, que van a servir de palanca de crecimiento y generador de empleo, todavía no han llegado. Por ello, ASCER sigue reclamando medidas para estimular este sector. Entre ellas destacamos una serie de iniciativas fiscales y de reducción de cargas impositivas que estimulen el mercado y las decisiones de los consumidores. La rebaja del IVA de los materiales, retomar las deducciones de IRPF por la reforma de la vivienda habitual y la reducción de la carga tributaria en la compra de vivienda, tanto en obra nueva como de segunda mano.

Esas rebajas fiscales deben ir acompañadas de un programa de tracción contundente, con ayudas directas para la reforma y rehabilitación de viviendas en general, y que incentive también la adaptación de las segundas residencias, los espacios comerciales, restaurantes y hoteles, a las necesidades de desinfección, alta higiene y distanciamiento social que exige la situación actual.

También se propone redirigir la inversión de la obra pública a la adecuación de los edificios de la administración, centros educativos, las residencias de ancianos y centros de mayores, los hospitales y centros de salud, que deberán adaptarse para cumplir los protocolos de seguridad.