Patrullas de la Policía Local comprueban casa a casa quiénes viven en las VPP de Les Naus en Alicante

Tal y como ha anunciado este martes después de la junta de Gobierno local el alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuatro patrullas de la Policía Local han acudido a primera hora de la tarde a la urbanización Les Naus de la Playa de San Juan para comprobar "puerta por puerta" quiénes viven en las viviendas de VPP (Viviendas de Protección Pública).

El Ayuntamiento, a instancias de la Conselleria de Vivienda, ha actuado con celeridad y ha organizado un dispositivo policial para comprobar "lo antes posible" qué personas residen en los polémicos pisos de la prestigiosa zona de Míriam Blasco. 

dos renuncias de propietarios

Barcala despliega a la Policía Local para inspeccionar las VPP de Les Naus tras las dos primeras renuncias

Se trata de viviendas protegidas, lo que implica que aquellos que las adquirieron deben residir en ellas como primera residencia y no podrían alquilarlas a terceros salvo en casos muy excepcionales (estar en el extranjero o al cuidado de personas dependientes) y previa comunicación a la propia conselleria. 

La aparición de muchos propietarios vinculados al Ayuntamiento y a la Conselleria ha disparado la indignación de la ciudadanía que entiende que se han podido cometer irregularidades en la asignación de las casas. Se trata de una urbanización que buscaba facilitar el acceso a una vivienda a aquellas personas con menos recursos económicos, algo que ahora mismo está claramente bajo sospecha. 

Barcala ha aclarado que el Ayuntamiento utilizará "todos los recursos" para que la información trasladada al juzgado de instrucción número 5, que investiga el caso, "sea lo más completa posible". El consistorio ya ha remitido el listado de personas empadronadas.

Dos propietarios ya han renunciado a sus viviendas, según ha desvelado este martes el propio Barcala, aunque no se trataría de "ninguna" de las personas que han aparecido en los medios y que han dimitido como consecuencia de este escándalo como la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ni la directora general de Contratación del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman.

El alcalde ha celebrado las dos renuncias como un signo de que "el mensaje de que no va a quedar impune ninguna conducta irregular está calando". En este sentido, ha hecho un llamamiento directo: "Animo a que todos aquellos que puedan tener la más mínima duda de si tenían o no derecho, ante la duda, renuncien y las entreguen". Ha advertido de que las consecuencias para quienes accedieron de forma ilícita "pueden ser muy, muy graves".