La regulación ha sido aprobada inicialmente con el respaldo de Vox y el rechazo de las tres fuerzas de la oposición que conforman el eje progresista: PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís, que han visto rechazadas sus enmiendas.
La normativa recupera, en parte, la ordenanza promovida bajo el mandato de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo (derogada por PSOE Guanyar y Compromís tras las elecciones de 2015) al prever la imposición de multas por conductas incívicas como la actuación de los 'gorrillas' o grafitis, así como sanciones por el ejercicio de la mendicidad o el ofrecimiento de servicios sexuales. Estas dos últimas circunstancias han suscitado muestras de rechazo y contestación social por parte de entidades y asociaciones dedicadas a la atención de colectivos desfavorecidos, como la Plataforma contra la Pobreza o Cáritas.
La norma queda ahora expuesta a la presentación de alegaciones, tras superar este primer trámite de aprobación inicial. Así lo ha subrayado el propio concejal de Seguridad, José Ramón González, quien ha defendido la iniciativa como necesaria para proporcionar a la Policía Local una herramienta jurídica con la que poder atajar comportamientos incívicos en el espacio público y quien ha animado a cualquier interesado a formular objeciones. En esta línea, ha incidido en que la ordenanza se basa en el texto marco promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que otras poblaciones gobernadas por formaciones progresistas ya están aplicando o promoviendo ordenanzas similares, entre las que ha citado a Dénia, Barcelona o València. Además, ha incidido en que se trata de "una buena propuesta" que trata de erradicar comportamientos incívicos en el espacio público y que también promueve la persecución de "las mafias dedicadas a la mendicidad y a la explotación sexual". De igual modo, ha asegurado que el equipo de gobierno ya ha promovido medidas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad a través del Plan de Inclusión social, una circunstancia que, según ha destacado, no se tuvo en cuenta cuando se derogó la ordenanza precedente. "Ustedes no hicieron nada, abandonaron a su suerte a los mendigos", ha enfatizado.
En el turno de intervenciones, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha justificado su respaldo a la propuesta al coincidir con PP y Cs en que se trata de una normativa necesaria "para asegurar la convivencia". De igual modo, también ha asegurado que se trata de una norma dirigida a "penalizar" conductas incívicas como la explotación sexual y ha insistido en que se trabaje desde otros ámbitos, como el Plan de Inclusión Social, para procurar las ayudas que resulten necesarias a los desfavorecidos.
Los representantes de los grupos del eje progresista han sido especialmente críticos con la propuesta, hasta el punto de anticipar su intención de revertir su aprobación si acceden al gobierno tras las elecciones de 2023, en el supuesto de que llegue a aplicarse en su redacción actual.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en que "la imposición de multas no ayuda a erradicar la exclusión social" y ha instado a los ediles del grupo municipal de Cs a reconsiderar su voto y no respaldar una ordenanza en la que no se había llegado a incorporar sus aportaciones en forma de enmiendas, después de que se registrasen fuera de plazo.
El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha anticipado la intención de su grupo de estudiar acciones legales frente al texto al considerar que se han registrado irregularidades en su tramitación administrativa, como la ausencia de un periodo de participación pública previo, entre otros puntos. De igual modo, también ha reprochado a PP y Cs que no haya sometido la ordenanza a la consideración del Consejo de Igualdad, al Consejo de Cooperación o al Consejo Social "de forma deliberada".
Por el PSPV-PSOE, Llanos Cano también ha recriminado el carácter punitivo y "policial" de la ordenanza y también ha emplazado a Cs a desmarcarse mediante el texto alternativo promovido por su partido "en el que no se prevé la persecución" de personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y se incorporan medios de ayuda para favorecer su inclusión, al tiempo que se incluyen otros comportamientos incívicos "que no se tienen en cuenta en la propuesta actual".