La Guardia Civil ha detenido a una funcionaria de 52 años del Ayuntamiento de Santa Pola a la que se le imputan 19 delitos de cohecho cometidos durante la última década. En concreto, la investigación ha constatado que la mujer llegó a apropiarse de forma indebida de unos 40.000 euros procedentes de subvenciones locales y de dinero de empresarios a cambio de aprobar o agilizar su contratación en eventos.

El propio Ayuntamiento promovió el inicio de las investigaciones tras recibir una queja de una empresa y un particular sobre la subvención. Se le imputan además, dos delitos de falsificación de documentos, un delito de apropiación indebida de cantidades económicas y otro de usurpación. Asimismo, se ha tomado declaración a los responsables de diversas empresas que fueron contratadas durante el tiempo que la acusada ejerció sus funciones, por lo que han quedado en calidad de investigados como presuntos autores los directivos de dos de ellas, dos hombres de 58 años, según informa el instituto armado este miércoles.

Las diligencias han sido puestas ante el Juzgado de Instrucción de Elche y los presuntos autores se encuentran en libertad con cargos. La funcionaria, que trabajaba en el Ayuntamiento desde hace dos décadas y que se encontraba en situación de baja médica desde hacía unos meses, ya ha sido retirada de sus funciones.

La investigación arrancó cuando la Guardia Civil de Santa Pola tuvo conocimiento de que a finales del año 2020 una trabajadora del Ayuntamiento de Santa Pola podría haberse apropiado de forma indebida, y aprovechándose de su cargo, de parte de una subvención concedida a una asociación local. Una de las funciones de la presunta autora era la de informar las solicitudes de autorización presentadas ante el Ayuntamiento, por parte de empresarios, para realizar determinado tipo de actividades en la localidad. Así que, tal y como corroboraron los investigadores, presuntamente les pedía dinero a los interesados en obtener estas autorizaciones a cambio de informar positivamente sobre sus solicitudes. Las cantidades reclamadas oscilaban entre 500 y 2.500 euros, en función del beneficio que iba a obtener la empresa solicitante.

Por otro lado, supuestamente falseaba documentación, contratos o incluso, si era necesario, la firma de los beneficiarios para quedarse con parte o con todo el dinero de algunas de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento a distintas asociaciones. Fue detenida a principios del mes de diciembre, momento en que los agentes supieron que estaba reclamada por un juzgado de Murcia por un delito de estafa cometido contra un prestamista de la Región.