El exalcalde de Alicante socialista Gabriel Echávarri se sienta mañana en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un supuesto delito de prevaricación al ordenar el despido en 2017 de una trabajadora municipal, cuñada del entonces portavoz del PP y actual alcalde, Luis Barcala.

La fiscalía pide para el exalcalde una pena de 10 años de inhabilitación tras considerar que acordó el cese de la trabajadora como represalia contra Barcala, después de que este presentase una denuncia por un supuesto fraccionamiento de contratos menores que dio origen al llamado 'caso Comercio'.

Tanto el 'caso Comercio' como la denuncia por el despido de la cuñada de Barcala empujaron a Echávarri a dimitir en abril de 2018, y el posterior pleno de investidura hizo alcalde a Barcala al no recabar el PSPV-PSOE el apoyo de la mayoría absoluta de la corporación.

Se da la circunstancia de que Echávarri ya ha sido juzgado y condenado en relación a la causa del 'caso Comercio' a una pena de ocho años y seis meses de inhabilitación, junto a dos de sus exasesores, Pedro de Gea y Eduardo Díez. Los tres han recurrido esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tras alegar que no existió el fraccionamiento que se les atribuye. En el caso de Echávarri, además, se argumenta que tampoco existe ninguna evidencia de que él participase en la tramitación de dichos contratos.

En esta segunda causa referida a la cuñada de Barcala, que se enjuiciará en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la acusación pública considera que Echávarri prevaricó al ordenar el despido de trabajadora interina, adscrita a la Concejalía de Cultura, sin que existiese justificación. Así, incide en que no hubo incumplimiento de los objetivos por los que fue contratada y añade que la familiar de Barcala formaba parte de un grupo de interinos contratados en idénticas condiciones y que Echávarri acordó solo su despido, sin tomar decisiones respecto al resto de trabajadores.

Por su parte, la defensa de Echávarri solicita su libre absolución al considerar que el despido fue legal, que no se adoptó ninguna resolución injusta y, en consecuencia, no existió delito.

En la vista, que se ha programado en dos sesiones, comparecerá como testigo el exedil de Cultura Daniel Simón (Guanyar), que elaboró un informe a petición de la fiscalía en el que subrayaba que no se había solicitado prescindir de ningún trabajador. También prestará declaración el exconcejal de Recursos Humanos Carlos Giménez (PSOE), quien inicialmente llegó a figurar como investigado en la instrucción de las diligencias. Por último, también están citados tres técnicos municipales de Recursos Humanos que emitieron informes favorables al despido, además de la propia trabajadora cesada.