ALICANTE

Alicante reclama a la Generalitat más de un millar de expedientes de la renta de inlcusión social

La edil Julia Llopis acusa a la conselleria de Mónica Oltra de bloquear las ayudas a 1.140 ciudadanos 

La edil Julia Llopis junto a la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra

La edil Julia Llopis junto a la vicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra

EFE / C. C.

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 08:58

El ayuntamiento de Alicante asegura que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tiene bloqueados más de 1.100 expedientes de familias que han solicitado la Renta Valenciana de Inclusión.

La concejala de Acción Social, Julia Llopis, aseguró ayer que el área que dirige Mónica Oltra mantiene bloqueados y sin resolver 1.140 expedientes de ciudadanos y familias alicantinas que han pedido la esta ayuda para superar su difícil situación económica. La edil aseguró que el consistorio “ha hecho su trabajo”, pero que el parón en la gestión de estas ayudas agrava el día a día de cientos de familias que viven con numerosas carencias, lo que les aboca aún más hacia la exclusión social. Esos citados 1.140 expedientes cumplimentados desde el ayuntamiento aguardan en las mesas de la Generalitat desde el pasado agosto, según la edil.

Llopis recordó que tras la derivación que desde el Consell se hizo en abril de 2018 para que los ayuntamientos realizaran la gestión administrativa de estos expedientes, el de Alicante ha tramitado 3.477 solicitudes, correspondientes a otros tantos ciudadanos o familias. Cada uno de estos expedientes, tras las entrevistas a los solicitantes y la elaboración de informes y propuestas, se envió a la consellería para que, en su caso, diera el visto bueno y empezaran a pagar, pero esto último no ha ocurrido en muchos casos.

La concejala desveló ayer que Igualdad y Políticas Inclusivas almacena 1.140 expedientes de los 3.477 que se le han remitido sin resolver. Según el Ayuntamiento de Alicante, este bloqueo, y la consiguiente falta de respuestas a las personas que demandan estas ayudas, está provocando que los afectados se dirijan a los centros sociales alicantinos exigiendo sus derechos por culpa del Consell.

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