APPG, PSOE y Vecinos por Guadarrama se han unido para denunciar supuestas irregularidades en la adjudicación de dos contratos municipales: el propietario de la empresa que ganó los concursos es miembro del Partido Popular.

Desde el equipo de Gobierno han asegurado que los contratos son "legales y lícitos", informados de forma favorable por la Secretaría y la Intervención municipales.

Los cuestionados contratos eran de las obras de reforma de los vestuarios del campo de fútbol, por valor de 43.000 euros con IVA y el arreglo de una acera, con un montante de 25.000. Se adjudicaron a finales de 2020 y principios de 2021 a la empresa Loalfra S.L, cuyo administrador forma parte de la ejecutiva del PP.

La oposición cree que el Ejecutivo tendría que haberse abstenido en la Junta de Gobierno en la que salieron adelante esos contratos. “Sí o sí se tendrían que haber abstenido, pero no hubiera salido esa contratación, entonces se arriesgan. Que pregunten directamente al secretario y al interventor a ver si pueden contratar a un miembro de una ejecutiva en la que él -el alcalde, Diosdado Soto- es compañero, a ver si le dicen que sí”, señala Carmen María Pérez del Molino, exalcaldesa y portavoz de APPG, quien asegura que aunque pudiera ser legal, “no es ético”. “Pongamos que no existe ninguna irregularidad, pero no es un buen hacer de un político porque la amistad, la familia y las empresas tienen que quedarse en otro ámbito”, sentencia Pérez del Molino.

“Si de verdad la oposición hubiera visto algo ilegal, lo estaría denunciando por otras vías”

Por su parte, el equipo de Gobierno ha explicado que todo el proceso se hizo a través de los técnicos municipales y que hay informes favorables de Secretaría e Intervención, por lo que esos contratos son “legales y lícitos” y se adjudicaron a la empresa que presentó la oferta económica más baja, como marca la Ley.

Contradice la versión de la oposición afirmando que, aunque se hubieran abstenido, los contratos hubieran salido adelante igual. “El resultado hubiera sido el mismo porque es un derecho que le asiste al que presenta la oferta económica más ventajosa. Y eso lo avalan unos informes técnicos y jurídicos”, apunta el alcalde, Diosdado Soto, quien añade que “si de verdad la oposición hubiera visto algo ilegal, lo estarían denunciando por otras vías”. “Es una maniobra política”, concluye.

Esta jueves, a las 19:00h, la oposición llevará al Pleno dos preguntas en relación a esta polémica. Soto afirma que “no tiene ningún inconveniente en responder y en aportar toda la documentación”.