El Partido Popular de El Boalo ha presentado cinco denuncias por prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y dejación de funciones contra el alcalde, Javier de los Nietos, y su equipo de gobierno. Y es que los populares aseguran que hay más de un millón de euros en facturas sin justificar y piden la dimisión del regidor.

El PP lleva más de un año recopilando información sobre contratos públicos y ha reunido 46 informes de diferentes interventores municipales que “advierten de la falta de control administrativo de un gran número de facturas destinadas a realizar pagos de obras y servicios públicos, como la contratación de festejos”, señala Sergio Sánchez, número dos de la candidatura del PP en El Boalo.

Las facturas son de los años 2017 y 2018 y corresponden a diferentes áreas municipales. Es por eso que han denunciado a todo el ejecutivo, formado por PSOE, Juntos por el Boalo, Soy Vecino y BCM En Común -grupo que estuvo en el gobierno hasta septiembre de 2018.

Los populares apuntan que estos expedientes son los que han podido recopilar hasta ahora, pero que podría haber más.

Del contenido de los informes analizados se desprende, dice Sánchez, “la falta de transparencia del actual equipo de gobierno en la contratación pública, ignorando los contenidos y términos emitidos de forma reiterada por la intervención municipal”.

El PP se queja, además, de que el ejecutivo ha dificultado su labor de oposición. “Ha sido muy difícil conseguir la documentación. Somos un grupo con cuatro concejales y nos dejan para trabajar un cuarto de escobas en el sótano en el que no cabemos los cuatro”, afirma Sánchez.

Ante la pregunta de por qué sacan todos estos informes ahora, en plena campaña electoral, el PP asegura que los últimos le llegaron hace dos meses y ha habido un tiempo de estudio y tramitación de las denuncias, que se han presentado ante ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.