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"Coarta la libertad de elección de las familias": la concertada carga contra la Ley Celaá

La directora del colegio San Ignacio de Loyola, Beatriz Álvarez, lamenta que se haya perdido una oportunidad a nivel pedagógico con el texto aprobado en el Congreso

Colegio San Ignacio

El colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones ha colocado un gran lazo naranja en protesta por la Ley Celaá

Victoria M. BallesterosTorrelodones

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:51

La escuela concertada ha quemado los últimos cartuchos contra la llamada Ley Celaá. Los centros se han movilizado con recogidas de firmas, concentraciones y otros actos para frenar esta nueva normativa que cercena el derecho a elegir de los padres. "Coarta la libertad de elección de las familias sobre el modelo de educación que quieren para sus hijos y es una oportunidad perdida a nivel pedagógico. Es una pena que no estemos hablando de lo que realmente importa, que es cómo mejorar la educación de este país", señala Beatriz Álvarez, directora del colegio concertado San Ignacio de Loyola de Torrelodones.

La LOMLOE, la nueva ley de educación con la que la ministra Isabel Celaá quiere derogar la Lomce del PP, se ha aprobado este jueves en el Congreso con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. La iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Tras pasar por el Senado, volverá a la Cámara Baja previsiblemente en febrero y marzo para su aprobación definitiva y su entrada en vigor se producirá a partir del próximo curso, previa adaptación de la Ley por parte de las comunidades autónomas. Estamos ante la octava Ley Educativa de la Democracia, de nuevo sin consenso y con varios partidos que amenazan con llevarla ante el Tribunal Constitucional en cuanto se apruebe definitivamente.

Según esta ley, la escuela concertada sería subsidiaria de la pública, pues solo si en ella no hubiera plazas suficientes entrarían en juego los centros concertados. "Los padres no elegirían sino que se les asignaría el centro. Esto es muy grave para un lado y para otro", añade Álvarez.

Por eso, los centros han emprendido varias acciones para protestar contra esta controvertida ley. En el caso del colegio San Ignacio de Loyola, a través de su APA, se han enviado varias cartas a las familias para dar a conocer los aspectos más relevantes del texto. Incide en el hecho de que “afecta a más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, que ven peligrar la continuidad de sus puestos de trabajo, a 4 millones de familias (usuarios de concertada), a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos y al proyecto educativo con el que se identifican y a más de 3 millones de alumnos, que eligen voluntariamente cursar la asignatura de Religión en centros públicos y privados”.

FIRMAS PARA SER MÁS PLURALES

La Plataforma Más Plurales, que aglutina a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos del sector de la educación concertada, se ha manifestado a las puertas del Congreso para protestar por la nueva ley. Además, ha recogido firmas para frenar el texto y se ha movido en redes sociales con la etiqueta #stopLeyCelaá.

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