El Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en una resolución dictada el pasado 12 de febrero, ha desestimado los recursos que interpusieron las dos empresas que quedaron por detrás de Valoriza en el concurso para adjudicar el contrato del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Collado Villalba.

Urbaser y FCC -empresa que se ha encargado hasta ahora del servicio- impugnaron in extremis la adjudicación, por lo que el nuevo contrato, cuyas novedades ya se habían presentado en sociedad, no pudo entrar en vigor el pasado 24 de enero. En el caso de Urbaser, el Tribunal ha rechazado incluso admitir a trámite su recurso. Respecto a FCC, se han desestimado sus alegaciones acerca de la adjudicación.

Con esta resolución, se levanta la suspensión cautelar que había sobre la entrada en vigor del contrato, que se firmará el próximo lunes, ha anunciado este miércoles la alcaldesa. "Quiero apuntar solo dos cosas: primero, que por fin, de forma inminente, firmamos el contrato para que se ponga en marcha el nuevo servicio, por el que llevamos peleando desde 2014. Y en segundo lugar, de la resolución se desprende que la actuación de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha sido transparente e impoluta, así lo reitera en varias ocasiones", asegura Mariola Vargas.

Desde el Ejecutivo han agradecido su trabajo al personal municipal y su voto favorable a las formaciones políticas que apoyaron la adjudicación, aprobada en pleno el pasado 27 de diciembre.

El concejal de Contratación ha vuelto a defender, además, la transparencia en el proceso. "“Se han sembrado muchas dudas y se han planteado muchas manifestaciones considero que absolutamente infundadas, es de justicia reconocer que ha habido transparencia y corrección. Siempre se ha tratado que Collado Villalba tenga un contrato de limpieza a la altura de sus necesidades y poder superar las limitaciones que, en relación al servicio, vinieron impuestas, no me cansaré de recordar, por la pésima gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento”, ha dicho Bernardo Arroyo.

El contrato, que se pondrá en marcha en el mes de abril, se adjudica por un importe de 6'3 millones de euros anuales y por un periodo de 10 años, pudiendo ser prorrogado por un máximo de dos años más.