La Audiencia Provincial juzga esta semana al exalcalde y a la exedil de Urbanismo de Moralzarzal por presunta prevaricación administrativa

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará esta semana al excalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y la exconcejal de Urbanismo Susana Villareal por presunta prevaricación administrativa, en un proceso en el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación por abusar de la figura del contrato menor y favorecer así a determinadas empresas.

El juicio está fechado para este miércoles y el exalcalde se sentará en el banquillo como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa presuntamente cometido en 2016 y 2017, y la exedil como cooperadora necesaria del mismo.

La Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público que implique ejercer como alcalde o concejal al considerar probado que ambos "abusaron de la figura del contrato menor de servicios", utilizándolo en más del 50% de las contrataciones que se realizaron por la Corporación municipal.

Sostiene el Ministerio Público que aprovecharon que para la firma de esos contratos menores no es necesario un proceso público de licitación para "eludir de forma intencionada la normativa vigente en materia de contratación administrativa que exige el respeto a los principios de publicidad, transparencia y libertad de acceso a las licitaciones".

Así favorecieron a unas empresas frente a otras, al no asegurarse la igualdad de trato que debe regir en la contratación en el sector público.

La Fiscalía añade que también incumplieron el trámite normativo en materia de aprobación de gasto y "gran parte de los contratos menores de servicio y suministro que se firmaron en este periodo de tiempo por sendos acusados excedieron el límite cuantitativo del mismo, no obstante lo cual, ambos los aprobaron con facturas fraccionadas".

"Cada factura se aprobó de forma independiente burlando la normativa existente y perjudicando al resto de empresas aspirantes a la prestación del servicio", precisa el escrito de acusación, que destaca que en varias ocasiones el entonces alcalde fue advertido de la irregularidad normativa por el Interventor del Ayuntamiento, pese a lo cual resolvió a favor del contrato menor.