La Guardia Civil desmantela en Manresa talleres textiles ocultos donde explotaban laboralmente a trabajadoras

La Guardia Civil detuvo el 9 de julio a tres personas por explotar laboralmente trabajadoras de talleres textiles clandestinos. La actuación se llevó a cabo de forma conjunta por la Guardia Civil de Manresa, la Policía Local de la ciudad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

A raíz de investigaciones previas, los agentes se dirigieron a dos garajes situados en el casco urbano de Manresa. Allí descubrieron dos talleres de confección textil que funcionaban de forma clandestina y no contaban con las licencias exigidas. 

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Taller clandestino en Manresa

Se localizaron a once mujeres de origen extranjero en situación irregular, sin contrato en siete de los casos. En uno de los talleres, los agentes encontraron también al hijo de una de las mujeres.

Las investigaciones permitieron determinar que se trataba de una organización criminal estructurada en la que el dirigente del grupo decidía el momento diario del traslado, por otro integrante, de la producción a grandes áreas comerciales. Esto se hacía cuando se alcanzaba un número determinado de prendas. El hombre mantenía permanente contacto con los encargados de los talleres que controlaban el ritmo de trabajo de las mujeres. Los tres arrestados tienen 28, 38 y 41 años, son de nacionalidad marroquí y dos de ellos se encuentran en situación irregular. Los tres pasaron a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Manresa.

la lacra de la explotación laboral

En España, la explotación laboral se ha convertido en un problema que afecta a miles de trabajadores, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción. 

Según la legislación española, un trabajador se considera explotado cuando se vulneran sus derechos laborales de manera grave y sistemática. Esto incluye salarios por debajo del mínimo interprofesional (1.134 euros mensuales en 2025), jornadas laborales excesivas sin compensación, falta de descansos obligatorios, ausencia de contrato formal, o condiciones de trabajo que atentan contra la seguridad y la salud. 

Además, prácticas como la retención de documentación, amenazas o coacciones, comunes en casos de trabajadores migrantes, son indicadores claros de explotación.

Las condiciones de vida de estos trabajadores son a menudo precarias. Muchos viven en alojamientos insalubres proporcionados por los empleadores, sin acceso a servicios básicos. En el sector agrícola, por ejemplo, se han denunciado casos de trabajadores que viven en chabolas o almacenes, sin agua potable ni electricidad. Estas condiciones no solo afectan su bienestar físico, sino también su salud mental, generando situaciones de estrés, ansiedad y desamparo.

consecuencias legales

Las consecuencias legales para los trabajadores explotados son complejas. Aunque tienen derecho a denunciar, muchos temen represalias, despidos o, en el caso de inmigrantes, la deportación si su situación administrativa no está regularizada. Sin embargo, la ley protege a las víctimas, ofreciendo medidas como permisos de residencia temporal por colaboración con la justicia.

Para los empresarios, las sanciones son severas. La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla multas de hasta 100.000 euros por infracciones graves, como la contratación irregular o el impago de salarios. En casos de explotación extrema, como el trabajo forzoso, el Código Penal establece penas de prisión de 6 meses a 6 años, además de sanciones económicas. La Inspección de Trabajo ha intensificado los controles, identificando en 2024 más de 8.000 casos de explotación laboral, según datos del Ministerio de Trabajo.

Organizaciones sociales y sindicatos exigen mayor protección para los trabajadores y una reforma que facilite las denuncias sin riesgos. La lucha contra la explotación laboral sigue siendo un desafío crucial para garantizar la dignidad en el trabajo en España.