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Pablo Baró, presidente de la APM en Cataluña

Con la derogación de la sedición se intenta reconstruir lo que sucedió en 2017 a través del BOE

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:19

Sobre la ley del “solo sí es sí”, Baró considera que “la ley es la que es y los errores de la ley no los pueden corregir los jueces”


El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña (APM), Pablo Baró, considera un “gran error” la derogación del delito de sedición, teniendo en cuenta que “nunca se debe legislar para casos concretos en materia de derecho penal”. Así lo ha explicado al programa Converses de Cope Cataluña i Andorra, en el que también ha recordado que desde 2013 solo ha habido 31 condenados por sedición, y llevar a cabo una reforma de ese tipo para esos “casos concretos” supone, a su juicio, que “salten por los aires los principios de derecho penal”.


Uno de los beneficiados puede ser el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. En este sentido, Baró considera que habrá que esperar al pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero recuerda que aún “hay dos partidos por jugar”. Uno, “el que se juega en los tribunales europeos y, si desaparece este delito, veremos el pronunciamiento del TJUE”, Y, por otro lado, “veremos si luego se puede tipificar como desórdenes agravados”. Pero, según Baró, si se lleva a cabo la reforma en los términos previstos, “inevitablemente bajan las penas a imponer y los plazos prescriptivos”, con lo que Puigdemont “podrá volver antes si no quiere enfrentarse al juicio”, precisa sobre la situación del prófugo.


En cualquier caso, lamenta que lo que se está haciendo es “cambiar el relato de lo que sucedió

en 2017” y “a través del BOE”. También deja claro que “lo que no es muy normal es legislar directamente contra resoluciones de los jueces, en este caso del Supremo”. Y considera que, si sale adelante esta reforma del Código Penal, la Constitución puede quedar “desprotegida”. De hecho, ha recordado que en 2017, a raíz de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, “el Estado tenía instrumentos”, y “el golpe se paró por actuación de la Policía y la Guardia Civil y la actuación judicial. “Y si a los jueces les quitas los instrumentos jurídico para evitar este tipo de asuntos, ¿qué haremos la próxima vez? No podremos hacer nada”, sentencia Baró.


Sobre la Ley del “sólo sí es sí”, Baró dice que “no se puede imputar a los jueces las deficiencias de una norma (...). “Puedo interpretar hasta donde puedo hacerlo”, explica. Por otro lado, considera que el Tribunal Supremo “puede y debe unificar doctrina cuando hay criterios dispares y está por ver si los hay”, dice Baró, que también precisa que el Supremo lo que no puede es “enmendar errores que han cometido otros”, porque “la ley es la que es”.


Baró lamenta los ataques que están recibiendo los jueces por la aplicación de la ley, también desde el propio Gobierno: “Es la huida hacia adelante de quien no quiere reconocer sus propios errores”, ha sentenciado. Más allá de estas críticas, considera que en general hay un intento de “desprestigiar al poder judicial” desde sectores del independentismo, pero también de “cierto sector de la izquierda en todo el territorio nacional”. Unos, recuerda, acusan a los jueces de “fascistas” y otros de “machistas”. Y en este sentido, Baró defiende “la cantidad de formación que reciben los jueces en materia de violencia de género”.


Sobre la situación de la justicia en Cataluña y de los jueces en particular, Baró ha destacado que el proceso independentista y los ataques al poder judicial desde el sector independentista han acentuado que haya una gran “movilidad” de la plantilla. Desde 2017 se han ido más de 200 jueces de Cataluña, lo que es prácticamente un 25% de la plantilla. “Una barbaridad”, en palabras de Baró, quien ha lamentado que desde el Gobierno de la Generalitat se “defienda la existencia de jueces por su origen”, que los jueces en Cataluña “sean autóctonos”, de “raza catalana”, ha llegado a advertir Baró. Una iniciativa que surge, apunta, del Pacto Nacional por la Justicia que impulsó la anterior consejera Lourdes Ciuró.


Para evitar esta situación, desde la APM se pide que haya un complemento para los jueces destinados a Cataluña “para asegurar que no haya tanta movilidad de magistrados” en esta comunidad autónoma. Complemento que el Ministerio de Justicia no acaba de conceder, lamenta Baró, quizás para “no ofender a los que quieren un juez de raza catalana”.


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