El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este lunes al Gobierno que antes de plantear un incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tenga en consideración a los agentes sociales y económicos y se remita a la concertación social.

Así se ha expresado este lunes en una rueda de prensa para hacer balance de su primer año de mandato, que arrancó el 5 de noviembre de 2018, y que ha calificado de "bastante positivo", ya que han incorporado un total de 60.000 nuevas empresas de diferentes sectores.

"En un momento de desaceleración de la economía española, los empresarios y los sindicatos queremos tener un papel relevante en todas aquellas cuestiones que hagan referencia a decisiones salariales", ha defendido.

Sánchez Llibre ha señalado que la Generalitat no tiene competencias para plantear un SMI para Catalunya, aunque también ha hecho extensiva su reclamación para la administración catalana: "Qué mejor que un Govern que escuche lo que pensamos CC.OO., UGT, Pimec y Foment, que es la mesa del diálogo social, sobre todo ante una etapa de desaceleración de la economía".

El presidente de la patronal ha señalado que no quieren ser "invitados de piedra", sino proactivos y tener un papel relevante en la toma de decisiones de este tipo.

Sánchez Llibre ha destacado que en su primer mandato las novedades más importantes han sido la reincorporación de Cecot, la incorporación de Comertia y la de las industrias culturales de Catalunya, así como la de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (Ufec), entre otras.

"Foment representa el 90% de las exportaciones en Catalunya, el 70% del PIB catalán, y el 90% de los convenios que se firman están representados por Foment. Esto consolida que Foment es la casa grande de los empresarios catalanes, de los grandes, medianos, pequeños, autónomos, y las startups", ha defendido.

También ha destacado que en los primeros cuatro meses de mandato consiguieron normalizar las relaciones con el resto de patronales, su apuesta como lobby empresarial, la puesta en marcha del Instituto de Estudios Estratégicos y el acuerdo de representatividad empresarial con Pimec.

Ha repasado sus propuestas para una fiscalidad competitiva, la defensa de un nuevo modelo de gestión de infraestructuras, la iniciativa para mejorar la seguridad de Barcelona con la modificación del Código Penal y el comunicado conjunto entre sindicatos y patronales referido a la estabilidad política, económica y social de Catalunya.