Carles Puigdemont vuelve a ser noticia este miércoles. La operación que la Guardia Civil ha llevado a cabo contra el entramado empresarial que montó la plataforma Tsunami Democrátic tiene la culpa: entre los detenidos, hay personas de la órbita del expresidente catalán.

Rusia juega un papel importante en el operativo, ya que el auto judicial recoge que este país habría ofrecido 10.000 soldados a Puigdemont durante el 1-O. Ese protagonismo ruso también se ha visto reflejado en el nombre que la Benemérita ha decidido ponerle a su ofensiva contra el independentismo: Operación Volhov.

El nombre hace referencia a una batalla de la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en tierras rusas y en la que participó la División Azul. Se dio en octubre de 1941 en el río Volhov, que los soldados españoles cruzaron con botes neumáticos para ocupar una cuota con visión sobre el frente soviético.

La tarea de la División Azul era obtener información y destruir puestos enemigos que se encontraban en la otra orilla del río. Los españoles también consiguieron rechazar un contraataque de los soviéticos, dando forma así a la Batalla de Volhov. Hasta 2.000 hombres cruzaron el río para así poder instalar un transbordador e iniciar la ofensiva que permitiría ocupar, al este, Smeissko, Russa, Sitno, Tigoda y Petróvskoie.

Dio la casualidad de que el frente del Volhov fue el primero en el que combatió la División Azul: entraron en batalla, curiosamente, el Día de la Hispanidad. A pesar del frío extremo y de la falta de equipo de invierno, los soldados españoles acabaron consiguiendo el objetivo que les había encomendado la Alemania nazi.

El juez cree que Rusia habría ofrecido 10.000 soldados a Puigdemont durante el 1-O

El juez de Barcelona que investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Carles Puigdemont en Waterloo cree que el entorno del expresidente catalán contó con apoyo ruso y de activistas como Julian Assange en su "estrategia de desestabilización" de la Unión Europea (UE). Así lo ha contado Fernando Palmero, periodista de 'El Mundo' en 'La Tarde' de COPE. El magistrado considera que en otoño de 2017 Rusia le ofreció a Puigdemont trasladar a la autonomía 10.000 soldados.

Así lo recoge también el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el auto, en que autoriza las detenciones y registros practicados este miércoles por la Guardia Civil en la tercera fase de la operación Volhov contra una supuesta trama acusada de desviar subvenciones públicas para financiar los gastos de Puigdemont en Bruselas.

En la operación, la Guardia Civil ha detenido a 21 personas, entre ellas al exconseller de ERC Xavier Vendrell, al empresario de la comunicación Oriol Soler, al exdirigente de CDC David Madí -todos ellos miembros del "estado mayor del procés"-, así como al historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Carles Puigdemont, y al excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma pro selecciones catalanas, Xavier Vinyals, entre otros.

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El juez resalta en su auto que el 9 de noviembre de 2017 Oriol Soler se entrevistó en la embajada de Ecuador en Londres con Julian Assange, el responsable de Wikileaks, cuando se encontraba huido de la justicia estadounidense, para recabar su apoyo en la estrategia para la internacionalización del proceso independentista.

En su escrito, el juez recoge el contenido de un informe de la Guardia Civil que apunta a que esa reunión se enmarca en la "estrategia de desinformación y desestabilización en la que también habría participado el gobierno del Kremlin como parte de su narrativa general sobre una Unión Europea al borde del colapso".

Esa "narrativa general" sobre el colapso de la Unión Europea era el "principal mensaje" entonces de los medios de comunicación controlados por el Kremlin, entre los que la Guardia Civil sitúa a Russia Today y Sputnik.

Ante esta situación, según concluye el juez de los informes de la Guardia Civil, la "estrategia coordinada de comunicación" que el empresario y el activista activaron con motivo del 1-O "respondió a la combinación de diferentes instrumentos: uso de redes sociales, tuits de Julian Assange y Eduard Snowden, las fábricas de la Web con respecto a los medios de comunicación rusos Sputnik y Russia Today y los medios de comunicación catalanes tanto públicos como privados en los que participa Oriol Soler".

En los atestados de la Guardia Civil que el juez refiere en su auto se destacan las vinculaciones de Oriol Soler con Julian Assange así como la posibilidad de que el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin hubiese recurrido al procés en el marco de "sus campañas geopolíticas de desestabilización, como el Brexit o la elección de Donald Trump".

"Con independencia de que las quejas diplomáticas hubiesen estado suficientemente fundadas acerca de la participación de Rusia en las campañas a favor de la causa secesionista en Cataluña, la realidad es que las relaciones de Oriol Soler y Assange, así como la participación de ciertos medios de comunicación rusos cobran sentido en atención a los propios planteamientos de la Generalitat de internacionalizar el conflicto obteniendo el respaldo de terceros países", recoge el juez.

Según resalta el auto, a partir de la información proporcionada por la Guardia Civil, con independencia de que Soler haya sido el artífice de campañas a favor del procés "en el libre ejercicio de sus derechos", como la libertad de expresión, "lo cierto es que sus relaciones con la Generalitat se vehiculan a través de cuantiosos contratos públicos y, sobre todo, subvenciones", que entre 2016 y 2020 alcanzaron los casi 3 millones de euros.

"No obstante, esta sería una información que habría que verificar correctamente con los expedientes administrativos correspondientes", reconoce el auto, en que se concreta que estos tres millones de euros los recibió en varios contratos menores adjudicados directamente, sin concurso público.

La Guardia Civil admite en su escrito, del que el juez reproduce fragmentos en su auto, que no se puede determinar si la concesión de estos contratos y subvenciones a Soler fue irregular, aunque "sí que es cierto que a través de los contratos menores se estaba beneficiando" a sus empresas, "eludiendo la concurrencia pública".