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El TSJC ratifica el confinamiento domiciliario ordenado por el Ayuntamiento de Mataró a 7 vecinos infectados

La resolución considera el consistorio "autoridad competente" para tomar la decisión ante el riesgo para la salud pública.

Mataró

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 10:22

El Juzgado Contencioso número 16 de Barcelona ha ratificado el decreto del Ayuntamiento de Mataró que impone medidas de aislamiento y cuarentena a siete miembros de una familia de este municipio con Covid-19 "porque supone un riesgo para la salud pública ante la constancia de no cumplir con las recomendaciones sanitarias ". La resolución, admite la "competencia" del consistorio para tomar estas medidas con "el fin de contener la epidemia" después de que la Generalitat lo autorizara el pasado 4 de agosto. También apunta que el Ayuntamiento de Mataró y el resto de autoridades sanitarias deberán informar al juzgado de cualquier decisión que tome sobre las condiciones de aislamiento y cuarentena de estas siete personas.

El caso ha llegado a los juzgados después de que el Ayuntamiento informara al juez que la familia afectada había negado a aislarse, a pesar de una de las hijas dio positivo en un test PCR. La menor se sometió a la prueba en volver de colonias después de saber que uno de los monitores era positivo y también resultó infectada.

La cuarentena se tenía que hacer desde el 18 de agosto, que es la fecha en la que la menor dio positivo por Covid-19, pero hasta la fecha ni la menor ni los otros seis miembros de la unidad familiar -tres adultos, dos menores y un bebé- se habían negado a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. "La medida es necesaria. Sólo con el aislamiento se puede contener la propagación", remarca el TSJC. El aislamiento obligado para esta familia acabará el 1 de septiembre.

Por otro lado, también el pasado mes de julio, el Ayuntamiento detectó otro brote en una familia del barrio de Cerdanyola y ordenó el confinamiento domiciliario. En aquella ocasión, sin embargo, la juez tumbó el confinamiento en considerar que los ayuntamientos no eran en ese momento autoridad competente para hacerlo.

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