El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha confirmado la condena a la Universitat de Barcelona (UB) por el 'Manifiesto de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política' aprobado por su claustro en octubre de 2019 como respuesta a la sentencia del 1-O.

En la sentencia, la sala contenciosa-administrativa del tribunal ha desestimado el recurso que presentó la universidad contra la decisión de una juez de Barcelona que, en octubre de 2020, anuló dicho manifiesto.

El TSJC ha asegurado que el texto "rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera de una Universidad" en tanto que administración pública sujeta a dicho principio.

En la sentencia, los jueces han afirmado que "una Universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a los que debe servir".

La sala ha determinado que "la toma de postura oficial por una Universidad en cuestiones políticas esencialmente controvertidas y no atinentes a la gestión de sus fines es contrario a Derecho siempre que encuentre la oposición de alguno o algunos de sus miembros", porque la clave de la libertad ideológica, según la sentencia, reside en que se pueda objetar y oponerse a una manifestación.

Asimismo, ha considerado que "se ha impuesto en nombre de la mayoría la manifestación de la opinión de la Universidad contra la voluntad de algunos de sus miembros de que no se exprese ninguna en una materia que no es propia de sus fines legales y que, pasa a ser emitida también su nombre".

La sentencia, además, ha citado doctrina del Tribunal Constitucional que avala que los trabajadores de un órgano de la administración pública puedan recurrir la actividad del propio órgano, si creen lesionados sus derechos fundamentales, algo que ven "plenamente de aplicación" en el presente caso.

En este sentido, el tribunal ha afirmado que la aprobación del manifiesto del claustro "es susceptible de lesionar derechos fundamentales", en contra del criterio de la UB, que esgrimía en su recurso que el texto era la expresión de una opinión y que, por tanto, no era una actividad administrativa impugnable.

El equipo rectoral de la UB, en un comunicado, ha anunciado que tomará "las medidas necesarias" para seguir defendiendo en instancias judiciales el derecho del claustro a la libertad de expresión. La dirección de la universidad ha defendido que el claustro pueda "expresar de forma autónoma y libre sus consideraciones como representación legítima de la pluralidad" de la institución.