El juzgado de instrucción número 31 de Barcelona ha decidido enviar a juicio a la supuesta trama de corrupción urbanística de funcionarios municipales de Ciutat Vella. Entre los 23 procesados hay 8 funcionarios que entre el 2005 y el 2008 habrían tramitado de forma fraudulenta varias licencias urbanísticas de pisos turísticos a cambio de dinero. Otros procesados son propietarios de viviendas que habrían sobornado a los funcionarios para conseguir licencias sin cumplir los requisitos legales. Se les acusa de soborno, prevaricación y falsedad documental. 

Los negocios ya estaban explotados como apartamentos turísticos, pero estaban obligados a obtener las respectivas licencias dentro del terminio fijado. Por esto motivo, los propietarios a través de las principales empresas del sector, a través de la principal asociación de explotadores de este negocio, recurrieron a Joaquim Quílez (ingeniero y uno de los cabecillas de la trama) para agilizar los trámites. A su vez, Quílez mantiene una estrecha relación personal desde hacia tiempo con Heliodoro Lozano (antiguo jefe de los servicios técnicos de Ciutat Vella) y Elena Ariza (exasesora jurídica del Ayuntamiento).

Por lo que respecta a los funcionarios, algunos interinos y otros de carrera conocían que los informes que emitían eran contrarios a la normativa aplicable y lo hacían con ánimo de conducir a confusión a los que debían resolver sobre la adjudicación de las licencias, que finalmente eran concedidas. 

En el registro practicado en el domicilio de Lozano se encontraron un disco duro y un ordenador y la existencia de mensajes con conversas que mantenía con Ariza, revelando el interés económico de ambos en la tramitación de licencias.

La magistrada que lleva el caso es Elisabet Castelló.