• Jueves, 28 de marzo 2024
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Torra llama a Sánchez para presionar juntos a Nissan para evitar el cierre de las plantas de Barcelona

La Generalitat crea una oficina técnica y advierte que Nissan no puede " irse sin más" y confía en revertir la situación

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:16

Reunión de crisis en las alturas del Govern de la Generalitat. No es un día cualquiera, sino un de los peores de las últimas décadas a nivel laboral. Un cierre que afecta a 23.000 puestos de trabajo duele y mucho y los intentos para salvar la situación se antojan como mínimo difíciles y complicados. Y Torra activa tres vías; llamar a Pedro Sánchez para reforzar una presión institucional pero a la vez corresponsabilizar el cierre si se acaba produciendo, crear una oficina técnica con Economía, Trabajo y Empresa y cargar contra la compañía japonesa por su drástica decisión

Así, el vicepresidente Pere Aragones advierte que " Nissan no puede irse sin más" y pone la factura para la multinacional; 1.000 millones de euros en costos laborables y contractuales. Esta es la vía, para la Generalitat, de negociación para revertir el cierre total de las plantas de Nissan en Cataluña.

Mientras Torra busca el apoyo de La Moncloa en este peligroso escenario laboral" es un grave problema. He hablado esta mañana con el Presidente Sánchez para impulsar juntos mecanismos para buscar una solución. Y asi lo haremos". El presidente de la Generalitat no da a Nissan por perdida y cree que a pesar del anuncio hay vías para una rectificación de Japón" continuaremos a no renunciar a nada. Nosotros esta decisión no la damos por definitiva en absoluto y nos ponemos a trabajar para que este hecho se revierta"

La Generalitat cree que Nissan" ha menospreciado" las ayudas públicas comprometidas para salvar la crisis y ayudar a una inversión necesaria para la viabilidad de las plantas de producción. En los últimos 10 años ha detallado unas ayudas globales de 25 millones de euros y ante la crisis actual la Consellera Angels Chacón ha lamentado la falta de respuesta de la empresa al plan que presentaron los gobiernos catalán y español y que preveía la inversión de 300 millones de euros. El Govern de criticado que en la ley actual una empresa que decida cerrar sus fábricas no tenga ningún tipo de penalización, aunque haya cobrado dinero público

Con los trabajadores en pie de guerra y en la calle, la Generalitat considera que hay partida económica y que la negociación dependerá de la economía.

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