La clave hoy de la sentencia de Supremo es si llegará aplicarse y de qué forma. A partir de ahora se establecen una serie de plazos para su ejecución. Con la resolución firme, el TSJC comunicará el fallo a la Generalitat, administración competente para que resuelva las obligaciones que se derivan del fallo, en este caso la implantación del 25% de enseñanza de castellano en Cataluña. Se trata de un formalismo que no incluye ninguna advertencia de sanción en caso de incumplimiento, porque en los procedimientos contencioso-administrativo la justicia no actúa de oficio, sino que la apertura de un proceso judicial corresponde a las partes interesadas.

La Generalitat tiene dos meses para aplicar la sentencia porque la ley establece "que una vez transcurridos dos meses desde que se notifica la sentencia cualquiera de las partes afectadas podrá instar a su ejecución forzosa"

El Conseller de Educació Josep Gonzalez Cambray ha enviado una carta a los directores de los centros en la que se les pide que continúen aplicando el actual modelo lingüístico. "No tenéis que hacer ningún cambio. El Departamento de Educación estará siempre a vuestro lado", finaliza la carta recibida en todos los colegios e institutos de Cataluña.

La magistrada Verónica Ponte, miembro de la Asociación judicial Francisco de Vitoria detalla "nosotros pedimos el cumplimiento de la sentencia y ahora estamos en este escenario. Una vez cumplido 2 meses y si no hay cumplimiento de la resolución estaríamos en un escenario distinto que ahora todavía no se da"

¿Puede una familia denunciar a un colegio si el centro no aplica la sentencia del Supremo?

En la causa que ha derivado la sentencia, solo el Ministerio de Educación se había personado en el procedimiento. Pero esto no impide que una asociación, familia o particular pueda instar a la ejecución forzosa de la condena. Eso si el mecanismo no es automático, la clave es que el TSJC primero deberá valorar si esa entidad o persona tiene un interés legítimo para hacerlo.

Si el tribunal considera que no hay nadie legitimado, la causa acaba aquí y la sentencia no se cumple, sin embargo si el TSJC considera que hay interés legítimo empezaría un camino judicial con diversas fases. Primero el tribunal catalán pediría a la Generalitat que acreditara está cumpliendo o la sentencia y si el Tribunal estima que no se está cumpliendo, podría imponer multas coercitivas e incluso en última instancia abrir un proceso penal contra las autoridades responsables, porque entonces se podría incurrir en un delito de prevaricación.

Verónica Ponte confirma que "un ciudadano, si considera que no se está cumpliendo una sentencia y estima que hay un delito, no solo puede, sino que tiene la obligación de comunicarlo a las autoridades".

La sentencia implica que en Primaria con un total de 25 horas lectivas a la semana, 6 horas tendrán que impartirse en castellano, En Secundaria y Bachillerato, con 30 horas lectivas, las clases en castellano correspondían a 7,5 horas a la semana. En la práctica, ofrecer como lengua vehicular en castellano una asignatura más, de la que ya se ofrece en Lengua Castellana, sería suficiente para cumplir con la sentencia judicial

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