Desde 2014, las multas impuestas por la Generalitat por la "vulneración de los derechos lingüísticos" -no atender en catalán o rotular en castellano- no han dejado de crecer. En 2019 este tipo de penalizaciones alcanzaron su cifra récord, 94 sanciones que han supuesto una recaudación de 55.575 euros. Así lo refleja el Balance de actuaciones de la Agencia Catalana de Consumo.

Las sanciones han aumentado un 20% respecto al año pasado y un 60% respecto al 2014, pese a que el Tribunal Constitucional sentenció en 2018 que no puede imponerse el uso de una de las lenguas oficiales por encima de la otra. Según el Alto Tribunal, en el ámbito de las relaciones entre particulares, dependiente y cliente por ejemplo, "ni el reconocimiento de un derecho ni el establecimiento de un deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público, puede significar la imposición a estas, a su titular o a su personal, la obligación de uso de la lengua".

Cope ha podido hablar con el Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, que considera que "la Agencia Catalana de Consumo pretende crear un régimen de terror lingüístico" imponiendo el catalán por encima del castellano. "Estamos viendo ahora que está habiendo una especie de acoso por parte de grupos nacionalistas que intentan establecer un supremacismo lingüístico contra trabajadores como camareros y dependientes a los que se les obliga a que contesten en catalán".

"En una sociedad bilingüe tiene que imperar la libertad de elección del uso de la lengua entre comerciantes y los ciudadanos", y el mismo Domingo recuerda que se deberían denunciar todas las multas porque son injustas por ley. Además recuerda que las cuantías que se imponen con motivo de las sanciones oscilan entre los 300 y 500 euros, particularidad que deja este tipo de situaciones "en el olvido" por pertenecer a la jurisprudencia menor y no contar con el pronunciamiento del Tribunal Supremo ni del Tribunal Superior de Justicia. Además Domingo destaca que el comerciante prefiere pagar y someterse a la Agencia Catalana de Consumo para evitar abrir un procedimiento judicial que les podría acarrear más gastos. "Este tipo de políticas limitan el acceso al mercado laboral a determinadas personas" que no hablen o no entiendan el catalán.

Además de las sanciones por la "vulneración de los derechos lingüísticos", la Generalitat de Cataluña ha impuesto cerca de 6,5 millones de euros en multas por cláusulas varias y supuestas prácticas abusivas o resistencia suministrar datos, entre otro tipo de sanciones. La mitad de esta enorme recaudación proviene de empresas como Telefónica, Orange o Vodafone.