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Quim Torra será juzgado por no retirar la pancarta de la Generalitat a favor de los políticos presos

La oficina del ex presidente afirma que “Torra no confía ni reconoce la capacidad de administrar justicia por parte de los organismos judiciales españoles”

Pancarta del Palau de la Generalitat por soberanistas presos o en el extranjero

02/06/2018

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 18:53

La Audiencia de Barcelona ha desestimado el recurso del ex presidente de la Generalitat Quim Torra y ha confirmado que será juzgado por desobediencia al no haber descolgado la pancarta a favor de los políticos presos y exiliados del balcón de la Generalitat cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se lo ordenó en setiembre de 2019.

Como se ha desestimado el recurso, la Audiencia deja al presidente Torra a las puertas de un nuevo juicio que todavía no tiene fecha fijada. No existe ningún trámite ni recurso posible previo a la apertura del juicio oral, y ahora sólo se necesita que las partes implicadas presenten sus escritos tanto de acusación como de defensa.

La entidad Impulso Ciudadano pidió al TSJC que obligara Torra a retirar la pancarta. La sala contenciosa-administrativa admitió la petición de medidas cautelares y el 19 de setiembre ordenó su retirada. El 23 de setiembre el TSJC dio 48 horas al ex presidente para cumplir la orden. Torra no descolgó la pancarta, alegando que la decisión no era firme y se podía recorrer. Según el ex presidente, la pancarta era un ejercicio a favor de los derechos de libertad de expresión, participación política y ejercicio de cargo representativo.

El tribunal recuerda que las medidas cautelares en el ámbito contencioso-administrativo deben ejecutarse inmediatamente aunque se puedan recorrer posteriormente, y el mismo TSJC ya le advirtió el 26 de setiembre. La pancarta finalmente se retiró el 27 de setiembre, cuando el TSJC se lo ordenó a los Mossos d’Esquadra.

En un comunicado, la oficina del presidente Torra ha afirmado que “con esta nueva decisión, la justicia española demuestra una vez más su determinación represiva en defensa de un interés político concreto a favor de la unidad indivisible del estado español”. Es más, han añadido que “el estado de autonomías sólo ha administrado represión y persecución política contra un proyecto legítimo y democrático”.

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