Después de días de especulaciones, los principales partidos de la oposición ya se temían lo que finalmente se ha acabado confirmando hoy: la creación de un Fondo Complementario por parte de la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos. Unos fondos que contendrían unos 10 millones de euros para, según la Generalitat, "proteger a los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo".

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha asegurado que respetarán aquellas decisiones que se tomen, siempre y cuando actúen dentro de la legalidad.

"La Generalitat, dentro de sus competencias y dentro de la legalidad, puede actuar de la manera que considere. Si en este caso es posible y se hace, pues lo respetaremos. Pero siempre que sea dentro de la ley".

Por su lado, el portavoz de Ciutadans en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha catalogado de "inadmisible" la decisión de la Generalitat ya que, según dice, quien tiene que pagar la fianza son los mismos exaltos cargos. El portavoz naranja ha asegurado que, si hacen caso omiso a las peticiones del partido, no descartarán recurrir a la vía judicial.

"Si el Gobierno de la Generalitat, si el señor Aragonès decide comprometer intereses y recursos públicos en la defensa de estas personas, de sus antecesores en definitiva, lo que estará haciendo es, incluso posible, que esté incurriendo en un presunto delito de encubrimiento y en un presunto delito de, incluso, prevaricación punible".

Martín Blanco ha asegurado que, con esta decisión, se está "robando a los catalanes".