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El Parlament valida el decreto ley del catalán en las aulas que rechaza porcentajes

La oposición denuncia que se vuelve a alimentar un conflicto lingüístico

Pere Aragonès y Josep González-Cambray

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:25

El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley del Govern que fija los criterios de elaboración y validación de los proyectos lingüísticos de los centros educativos y determina la "inaplicación" de porcentajes de catalán y castellano en la enseñanza.

El decreto ley ha sido convalidado con los votos favorables de ERC, Junts y comuns y los votos en contra de PSC-Units, la CUP, Vox, Cs y PP, tras recibir el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que el decreto ley completa la regulación de la ley sobre el catalán en las aulas --aprobada con los votos de PSC, ERC, Junts y comuns-- ante una "situación judicial anómala, como es la pretensión de imponer desde los tribunales" un 25% de las clases en castellano.

Cambray ha defendido que con este decreto la Conselleria de Educación asume la responsabilidad sobre los proyectos lingüísticos, que la comunidad educativa debe cumplir: "Los maestros y el profesorado no eligen la lengua en la que se da la clase. Por lo tanto, haremos seguimiento y evaluación".

El conseller ha avanzado que a este decreto le seguirá otro sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos, a partir de un informe del Consejo Lingüístico Asesor, y que se evaluarán las competencias orales de catalán, castellano e inglés en sexto de Primaria y cuarto de la ESO --estas pruebas se suman a las que la Lomloe fija en cuarto de Primaria y segundo de la ESO--.

La socialista Esther Niubó ha sostenido que el decreto rompe con el acuerdo de la ley sobre el catalán acordada por PSC-Units, ERC, Junts y comuns, porque no recoge el uso curricular del castellano que sí incluye la ley; porque considera que supone un desafío a los tribunales, y porque puede "volver a alimentar un conflicto lingüístico, cuando la ley lo deja bien resuelto".

La 'cupaire' Nogay Ndiaye ha criticado que el decreto hace que "la responsabilidad recaiga en los centros, ligando la aplicación de la sentencia a los proyectos lingüísticos" y se ha preguntado cómo se garantizará el uso del catalán y castellano en las aulas sin aplicación de porcentajes, ya que avisa de que no hay referencias de cómo se hará en el texto.

La diputada de Cs en el Parlament Anna Grau ha criticado que el PSC apoyase la ley de usos lingüísticos y le ha acusado de "burlar la Constitución y reírse de las sentencias judiciales", y ha calificado este decreto de chapuza de un Govern que se cree por encima del bien y del mal, ha dicho textualmente.

La diputada del PP Lorena Roldán ha asegurado que el Govern "se ha inventado este decreto para incumplir una resolución judicial", algo que cree que representa un pulso al Estado de derecho que debería generar una respuesta contundente del Gobierno central, pero que no llegará porque está liderado por un socialismo entregado al nacionalismo, en sus palabras.

Manuel Jesús Acosta (Vox) ha criticado que el decreto fije que los porcentajes lingüísticos no pueden aplicarse en el ámbito educativo y que después las universidades hayan acordado un plan para que el 80% de sus asignaturas se impartan en catalán, y ha dicho sobre el decreto: "Fraudulentamente y con ánimo desobediente se pretende modificar el marco legislativo" para no cumplir la sentencia del 25%.


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