Un grupo de opositores han presentado una denuncia al Juzgado de lo Penal 1 de Barcelona contra la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS) por el proceso de selección para acceder al cuerpo de Bomberos de la Generalitat. Reclaman al juez que se anule el test psicológico, que ha suspendido a 488 aspirantes, y que se readmitan las personas excluidas porque "no ha respetado los derechos de igualdad, mérito, capacidad y transparencia". Asimismo, también denuncian a la administración por "prevaricación, arbitrariedad, falta de criterio y malversación de fondos".

La denuncia señala que este año ha habido "un inexplicable porcentaje de no aptos" en la prueba psicológica al cuerpo de bomberos, casi un 45% de suspensos —488 de los 1.094 que superaron las dos pruebas anteriores—, cuando suele ser de 5%, aseguran los opositores. Los denunciantes sostienen que la licitación a la empresa encargada de hacer las pruebas "presentan indicios de prevaricación, malversación de fondos, cohecho y desigualdad de oportunidades" y cuestionan la forma en que se seleccionó.

En este sentido, los denunciantes señalaron que, según las bases de la convocatoria, el test sirve para evaluar competencias profesionales como el autocontrol, la tolerancia al estrés y la capacidad de toma de decisiones, pero que, tras la última convocatoria, se ha realizado un test "con factores de evaluación clínicos que nunca habían sido mencionados en las bases" —como la depresión, el control emocional y la vulnerabilidad—, lo que no consideran válido a evaluar para un bombero.

De hecho, los aspirantes han señalado que pidieron "sin éxito" explicaciones al Departamento de Interior para aclarar qué criterios se habían utilizado en la corrección de esta prueba encargada a la empresa. Por lo que los denunciantes ven "indicios de arbitrariedad, falta de rigor y ausencia de un criterio de evaluación homogéneo en las pruebas psicológicas", y alegan presunta manipulación, ocultación de información y vulneración de derechos de los aspirantes.

Por lo tanto, los denunciantes afirman que el tribunal de las oposiciones y la Dirección General "han obrado de mala fe intentando suplantar las denominaciones y contenido de los tests realizados en las pruebas en relación a la descripción de las bases". Por todo, piden anular la prueba psicológica y repetirla, así como suspender la calificación de ‘no apto’ a los 488 implicados para que puedan seguir con el proceso de oposición.